Actualizado 04/10/2006 03:05

Colombia.-Garzón confía en que se concrete "sin dilación" el acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC


BOGOTÁ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón confió el martes en que se concrete "sin dilación" el acuerdo que busca el Gobierno colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que se libere a los secuestrados por el grupo armado.

"Hay personas privadas de libertad hace ya demasiados años en unas condiciones infrahumanas", comentó el magistrado, quien participa en Bogotá en un foro sobre paz, según informó la emisora local 'RCN'.

Durante su intervención, Garzón destacó los recientes avances en las gestiones entre el Gobierno y las FARC para el intercambio de los 59 políticos, soldados y policías secuestrados por los guerrilleros, y agregó que "ojalá llegue a ser una realidad".

El Gobierno colombiano anunció la semana pasada que está dispuesto a estudiar la desmilitarización de un área sugerida por las FARC en el departamento del Valle del Cauca para definir la liberación de los secuestrados.

La guerrilla respondió afirmando que espera que se emita un decreto que defina los detalles de los posibles diálogos. En este sentido, Garzón declaró que "si ese espacio se establece tal como se ha anunciado, es el momento que se comience a iniciar el diálogo sin dilación".

DESMOVILIZACIÓN DE PARAMILITARES

En cuanto al proceso de paz del Gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el magistrado español consideró que las leyes promulgadas para regular la desmovilización son "blandas".

Para Garzón, "lo que se exige del Poder Judicial es la credibilidad, la seriedad, porque de ello va a depender que la sociedad perciba que se está aplicando justicia". En dicho proceso, que comenzó en el año 2003, se han desmovilizado más de 31.000 paramilitares que esperan acogerse a la Ley de Justicia y Paz.

Asimismo, recordó que en caso de que no se aplique dicha norma, criticada por organismos internacionales y regulada por un decreto divulgado la semana pasada, puede operar la Corte Penal Internacional.