MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los nueve militares que se encontraban retenidos por una comunidad indígena en el departamento colombiano de Chocó, al oeste del país, han sido entregados este martes a la Defensoría del Pueblo.
La detención, que se ha llevado a cabo por parte de la comunidad de Consuelo Bajo en una zona del municipio de Carmen de Atrato, ha provocado enfrentamientos entre organizaciones de pueblos originarios que defienden la justicia indígena y su autonomía y otras por el Gobierno.
Por el momento, el Ejecutivo, a través del Ejército, ha avanzado que denunciará a la comunidad por secuestro en la Fiscalía, mientras el ministro de Defensa, Diego Molano, ha reiterado sobre el caso que "nadie puede obstaculizar a la Fuerza Pública en cumplimiento de función constitucional de proteger a los colombianos", según recoge 'El Espectador'.
Los militares han sido así liberados, y sus armas y elementos oficiales entregados, después de que fuesen arrestados en la tarde del lunes, para después ser amarrados. Están en buen estado, pero han sido trasladados hasta Quibdó para recibir atención médica.
Mientras, la guardia indígena ha asegurado que confundieron a los militares con miembros de grupos armados paramilitares, tras lo que procedieron a entregar a estas personas.
"Los pueblos indígenas estamos ante el recrudecimiento de la violencia y ante los graves señalamientos por parte del Ejército Nacional y de altos funcionarios del gobierno de Iván Duque", ha lamentado por su parte la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC).
"No hay ninguna norma que le permita a la guardia indígena retener a una persona en contra de su voluntad, amarrarla, humillarla y no permitirle cumplir con sus deberes, que en este caso son funcionarios públicos (...) Es un secuestro, asonada contra la fuerza pública, porque se identificó violencia contra servidor público. Y estamos verificando el posible delito de tortura, porque al amarrar a una persona eso puede generar ese delito", han señalado, por su parte, desde la Séptima División del Ejército.
Por otro lado, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, ha mostrado su apoyo para que el caso se lleve a la Fiscalía y ha apuntado que los indígenas "secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico", unas declaraciones que han sido rechazadas por ONIC.