QUITO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 11.084 personas fueron asesinadas o declaradas desaparecidas en Colombia entre julio de 2002 y junio de 2006, que corresponde al primer mandato del actual presidente, Álvaro Uribe, por causas sociopolíticas, según denunció el Observatorio de Derechos Humanos en un balance de la primera legislatura del mandatario.
Estas cifras significan que un promedio de 7,7 personas corrieron esa suerte cada día durante el periodo analizado y, según el Observatorio, durante la primera administración de Uribe "la responsabilidad directa del Estado en la comisión de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias aumentó en un 60 por ciento".
David Martínez, coordinador de esta asociación que reúne a 166 ONGs del país, explicó que el informe destaca, además, el incremento de las detenciones arbitrarias como consecuencia de la política de "seguridad democrática" de Uribe, de lucha contra los grupos armados ilegales, especialmente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
También consideró que "la paulatina y creciente paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas es un hecho notorio y grave", a pesar de las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados de extrema derecha.
CONSENTIMIENTO O APOYO DE AUTORIDADES
Según el informe de las ONGs, en los casos en que se conoce el presunto autor del asesinato o la desaparición, la responsabilidad del 74,5 por ciento de las muertes y desapariciones es del Estado, ya sea "por acción directa de agentes estatales (752 víctimas) o por tolerancia, consentimiento o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares" (3.887 víctimas).
Además, el Observatorio destaca que "las detenciones arbitrarias se han convertido en una práctica generalizada, masiva y sistemática", y precisó que "durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente".
"En relación con las cifras correspondientes a los seis años precedentes, durante la administración de Uribe las detenciones arbitrarias se incrementaron en un 240,9 por ciento por ciento", indican las ONGs.
Finalmente, el Observatorio destacó que las detenciones arbitrarias afectan especialmente "a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y a las personas que ejercen legalmente la oposición política", y denunció que "en algunos casos, existen serios indicios sobre los vínculos que habría entre la detención arbitraria de una persona y su posterior asesinato o desaparición".