BOGOTÁ, 27 Ene. (Colprensa/EP) -
El Estado colombiano tendrá que pagar 50 billones de pesos (unos 21.000 millones de euros) a las personas que fueron expulsadas de sus casas y de sus tierras por grupos guerrilleros y paramilitares según lo expuesto por la Ley de Víctimas.
Según un estudio, esta es la cantidad que deberá repartir el Gobierno entre las víctimas que fueron expulsadas de sus tierras. Un informe de la Universidad de los Andes señala que las tierras despojadas por grupos ilegales se elevan a tres millones de hectáreas. Sin embargo, otros estudios aumentan esa cifra a los diez millones de hectáreas.
Sandra Morelli, contralora general de Colombia, encargada de la supervisión de la gestión en los recursos públicos, ha anunciado este viernes que el Estado deberá recuperar las tierras usurpadas por los grupos paramilitares y restituirla a los legítimos dueños que fueron expulsados de sus terrenos.
Morelli señaló que pretende recuperar estas tierras para evitar el pago de indemnizaciones que salgan del erario público, lo que pondría en riesgo la estabilidad financiera del Estado colombiano.
Varios críticos señalan que el Gobierno no podrá hacer frente a las compensaciones monetarias contempladas en la Ley de Víctimas. "En los cálculos que está haciendo Planeación (encargada de las políticas económicas y medioambientales del país) nadie se ha referido a que son tierras que fueron despojadas. Esas tierras no hay que volverlas a pagar, no tenemos que comprarlas, hay que recuperarlas", indicó.
Morelli subrayó que la reparación de las víctimas debe ser por parte de los culpables, en este caso los paramilitares, que no han devuelto gran parte de las tierras que ocuparon.
"Nuevamente somos todos los colombianos los que estamos haciendo un esfuerzo fiscal muy importante y por eso aparecen unas cifras que no se saben de donde van a ser financiadas y que van a poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado colombiano cuando tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de recuperación de esas tierras", indicó.
El juez del Tribunal Constitucional, Nelson Pinilla, indicó que no es la nación ni los colombianos en general los que deben poner los recursos para satisfacer los derechos de las víctimas.
Por otro lado, la contralora anunció una reducción en la cantidad total de las indemnizaciones debido a que muchas personas no han reclamado su condición de víctimas y no serán indemnizadas.
Esta nueva postura se enmarca dentro de un nuevo decreto desarrollado por el Ejecutivo que limitará las indemnizaciones a las personas que ejerzan su derecho de pedir las indemnizaciones como víctimas de los grupos armados y no por estar en una lista elaborada por el Estado y asociaciones.