La Justicia y las fuerzas políticas están de acuerdo en elevar las condenas por delitos como abuso sexual y asesinato de menores
BOGOTÁ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Tratados internacionales suscritos por Colombia no permiten la aplicación de la cadena perpetua, tal y como han propuesto los futuros congresistas Simón Gaviria y David Luna, quienes presentarán un proyecto de reforma constitucional por el que se imponga dicha pena a los autores de abuso sexual, asesinato y secuestro de menores de 14 años.
Los convenios internacionales firmados por Colombia contra este tipo de penas podrían facilitar elevar las sanciones para delitos de esta clase, pero en ningún caso castigos como el que sugieren Gaviria y Luna, según informa el diario colombiano 'El País'.
Según Gaviria, la iniciativa que se presentará busca reformar el artículo 34 de la Constitución para imponer este tipo de sanciones a quienes incurran en maltratos excesivos y abusos a menores, con la condición de que los que sean condenados no tengan ningún beneficio para efectos de reducción de penas.
"Estamos trabajando en el acto legislativo. Es una propuesta que ya habíamos hecho en febrero de este año, pero el caso de Luis Alfredo Garavito reforzó nuestra convicción de que esta reforma es importante y que ese tipo de crímenes no pude seguirse tolerando", dijo Gaviria.
Garavito fue detenido el 22 de abril de 1999, en Villavicencio, cuando pretendía atacar a un menor de edad. Para esa fecha, las autoridades colombianas ya habían iniciado una investigación en su contra por 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos del país y ocurridos entre 1992 y 1998.
Ya en dependencias policiales, el asesino confesó en Pereira las muertes de los menores. Internado en una prisión de máxima seguridad, es probable que salga libre dentro de cinco años, debido a la rebaja de la pena que se le aplicó.
AUMENTAR LAS PENAS
Antes de que la iniciativa de Gaviria y Luna se radique en el Congreso, las voces a favor y en contra saltaron a la luz pública, al considerarse que las máximas sanciones, como la cadena perpetua y la pena de muerte, no pueden ser contempladas en sistemas democráticos como el colombiano. En lo que hay coincidencia es en que se deben aumentar las penas y no dar beneficios a los autores de estos delitos.
Para el ex fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, la cadena perpetua es "improcedente" porque Colombia ha suscrito tratados internacionales contra este tipo de penas por considerarlas 'tratos crueles e inhumanos'. En su opinión, "lo que debe hacerse es una revisión de la política criminal donde exista una penalización mayor y, por supuesto, una tendencia a no rebajar las penas".
Actualmente, la condena más alta es de 60 años de prisión, pero es rebajada en gran parte por los beneficios que se conceden. Para el caso de violadores o para delitos con graves repercusiones sociales deben disponerse penas, por ejemplo, de 30 años, incluidos los subrogados penales, propuso el ex fiscal.
Por su parte, el congresista Germán Navas Talero afirmó que "si los tratados en materia de derecho penal internacional suscritos por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, el país no puede romperlos de forma unilateral". El representante del Polo Democrático Alternativo defendió el fortalecimiento de las penas y la posibilidad de resocialización de los autores de esos delitos.
Igualmente, el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez consideró que lo que debe hacerse es "crear las condiciones" para prevenir el tipo de delitos que se pretenden penalizar o, incluso, evitar que se den rebajas de penas tan altas como las existentes.
Por último, el ex precandidato a la Presidencia Rodrigo Rivera, quien fue el primero en proponer la cadena perpetua para este tipo de delitos, señaló que es necesario "lanzar una señal políticamente muy fuerte y disuasiva a la delincuencia", por lo que argumentó que esa señal se crea con esta clase de decisiones.