BOGOTÁ, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha elevado a 293 el número de personas fallecidas a causa de las inundaciones y los desprendimientos de terreno que se han producido en la localidad de Mocoa por las lluvias torrenciales.
"Infortunadamente, siguen subiendo las cifras de fallecidos y heridos. Hasta esta mañana van 293 personas muertas y 332 heridos", ha escrito Santos en su cuenta oficial de la red social Twitter.
De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, los fallecidos son 176 hombres y 110 mujeres y siete niños. Santos ha detallado, en una rueda de prensa, que los forenses ya han realizado la autopsia a 195 cadáveres, que han sido entregados a sus familias.
En cuando a los heridos, el jefe de Estado ha lamentado que "el número también ha aumentado". De los 332 registrados hasta ahora, 19 están ingresados en el hospital de Mocoa, 114 han sido enviados a otros centros médicos y 119 han recibido el alta.
Santos ha advertido de que ambas cifras podrían subir porque hay 467 personas que han denunciado la desaparición de familiares. "Ya se logró ubicar a 153, de las cuales 119 están con vida, pero desgraciadamente hay 34 fallecidas", ha contado.
Además, ha indicado que actualmente hay 2.700 personas alojadas en siete albergues y que un total de 1.518 personas se han registrado como damnificados, de acuerdo con la emisora colombiana Caracol Radio.
Los suministros de luz y de agua todavía no se han reanudado, lo que dificulta la respuesta de emergencia y las tareas de reconstrucción, que ya han comenzado y durarán entre dos y tres años, según cálculos de la Casa de Nariño.
En este contexto, Santos ha anunciado que el Gobierno, a través de la Superintendencia Financiera, "ha tomado una serie de medidas para que los bancos y las aseguradoras den atención prioritaria a los afectados por la avalancha en Mocoa".
Por su parte, la Procuraduría General ha anunciado la apertura de una investigación para determinar si los distintos niveles de gobierno hicieron todo lo posible por prevenir la tragedia en Mocoa. En caso contrario, se trataría de "una falta gravísima, sancionable hasta con destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 20 años".