MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La subcomisión del Congreso que ha trabajado en un Pacto contra el Antigitanismo aprobará, previsiblemente, este jueves un informe en el que proponen un acto solemne, con presencia de Felipe VI y representación del Gobierno, las Cortes, la sociedad civil y la problación gitana, para realizar un "derogación expresa" de la Real Pragmática promulgada por los Reyes Católicos en 1499, por la que se desterraba a los gitanos que no tuvieran oficio o vivienda.
Se trata de una de las primeras leyes promulgadas por los Reyes Católicos sobre este tema y en su texto se obliga al pueblo gitano a vivir "de oficios conocidos" o a acogerse "en viviedas de señores a quien sirvan". Además, señalaba que, en el caso de hallarse a algún gitano sin oficio y/o sin señor, se le condenaría a 100 azotes y al destierro de forma perpetua de los reinos. Y en el caso de que reincida, se le cortarían las orejas antes de ser desterrado de nuevo.
La propuesta del acto solemne está incluída en el documento del Pacto de Estado negociado por la subcomisión y que ha sido aprobado en la fase de ponencia esta semana en el Congreso. Fuentes del órgano han informado a Europa Press que este texto ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que se ha abstenido, y de Vox, que ha votado en contra. En la Comisión de Derechos Sociales de este jueves, este documento será ratificado por los miembros de la misma. Además, se debatirán y votarán los votos particularas que hayan podido quedar fuera del documento en fase de ponencia.
El objetivo de esta iniciativa, que fue impulsada por los tres diputados gitanos de la Cámara baja, Beatriz Carrillo (PSOE), Ismael Cortés (Unidas Podemos) y Sara Giménez (Ciudadanos), es informar a poder ejecutivo sobre cómo orientar los Planes Operativos que darían desarrollo a la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del pueblo gitano.
De este modo, el informe recoge, además del acto solemne, medidas para establecer un mecanismo de seguimiento con los recursos adecuados enfocado en investigar seriamente las denuncias relativas a pogromos antigitanos; la puesta en marcha de iniciativas para garantizar el acceso a la vivienda de manera no segregada; aumentar el poder vinculante de las personas gitanas en la toma de decisiones y la redistribución financiera de los recursos dirigidos a la erradicación del antigitanismo y la garantía de la inclusión; medidas relacionadas con la erradicación del fracaso y el abandono escolar; o garantizar que las mujeres gitanas queden incluidas en todas las políticas públicas de igualdad y lucha contra la violencia de género.
Además, la subcomisión insa al Gobierno a impulsar un departamento para la inclusión de juventud gitana y el desarrollo de organizaciones juveniles o medidas que trabajen por la inclusión de las personas LGTB y con diversidad funcional/discapacidad en todas las estructuras institucionales y de la sociedad civil establecidas a tales efectos.
En total, el informe en el que han trabajado los grupos incluyen más de 160 medidas que serán elevadas al Ejecutivo como compromiso con la población gitana. Fuentes de órgano, en el que han trabajado tres diputados gitanos, de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, destacan que el proceso que ha permitido desarrollar este dictamen es un hito en la historia de la democracia española, ya que por primera vez más de 30 comparecientes en su mayoría gitanos, han acudido a la sede de la soberanía nacional para comparecer de manera pública e informar sobre cuáles son las necesidades de la población gitana en diferentes aspectos.
Sin embargo, para estas mismas fuentes, el logro más importante de este Pacto es demostrar que las instituciones democráticas deben esforzarse en abrir sus puertas para escuchar a su ciudadanía gitana.