MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado que "no se ha avanzado" en las últimas semanas en un acuerdo con el Partido Popular para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término "disminuidos".
"Se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno llevamos tiempo intentando agilizar una demanda de las personas con discapacidad, estaba pendiente de un acuerdo con el principal partido de la oposición pero ciertamente no se ha avanzado en las últimas semanas al respecto", ha informado Rodríguez, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así ha contestado la ministra portavoz del Gobierno, al ser preguntada por si hay algún tipo de avance en la reforma del artículo 49 de la Constitución, cuando se cumplen casi cuatro meses desde que el Gobierno y el PP acordaran explorar una reforma del texto constitucional "ceñida" al artículo 49, limitada a la eliminación de término "disminuido" y al blindaje de las políticas de discapacidad, pero sin admitir otros cambios.
Así lo anunció a finales de enero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras mantener una reunión en el Congreso con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
El compromiso anunciado entonces era buscar una nueva redacción de ese artículo 49 que cuente con el respaldo de las organizaciones del sector de la discapacidad, que se ajuste a las recomendaciones que en su día hizo el Consejo de Estado y que sume el voto de la mayoría de las formaciones parlamentarias. "Debería ser una reforma que cuente con unanimidad", señaló el ministro.
Esta reforma constitucional fue impulsada por la vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de las primeras elecciones de 2019.
El texto, además del cambio del término 'disminuido' por 'persona con discapacidad', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación"; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".