SAN JOSÉ, 1 Oct. (Notimérica) -
La huelga general más grande que ha registrado Costa Rica en los últimos 18 años no cesa. A pesar de los intentos del Ejecutivo de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y los sindicatos y funcionarios de llegar a un acuerdo --mediado por la Conferencia Episcopal--, este lunes el paro entra en su cuarta semana, manteniéndose las protestas y las alteraciones en los servicios públicos.
Desde que hace tres semanas se iniciara el paro nacional a causa de la reforma fiscal llevada al Congreso por el Gobierno, un proyecto que se enmarca además en un momento de crisis fiscal en el país --la peor desde 1980--, los trabajadores y ciudadanos se mantienen en las calles y la obstaculización de los servicios públicos continúa presente en el día a día de Costa Rica.
El pulso entre las bases gremiales y el Gobierno mantiene un 'tira y afloja' que ha dejado, por el momento, notables pérdidas económicas y un importante retraso en las actividades ejercidas por las instituciones públicas, cuyos trabajadores y sindicatos de empleados son los principales apoyos de la huelga en todo el Estado, todos ellos conglomerados en La Unión Sindical.
El mayor seguimiento se está dando en el ámbito educativo, sanitario, en los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad, de la entidad administradora de puertos del Caribe y de la estatal de combustibles, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). No se cuenta con cifras fiables del seguimiento, pues estas varían notablemente según los gremios y según el Gobierno.
Y es que, el proyecto propuesto por Alvarado conllevaría, de aprobarse en el Congreso, un incremento de la carga fiscal y un importante recorte del gasto público, algo que repercutiría en los salarios públicos, los cuales representan un 15 por ciento de la fuerza laboral del país. Además, se suma a estas medidas la activación de un impuesto por valor de un 1 por ciento en algunos productos básicos.
Sindicatos, trabajadores y algunos diputados --como José María Villalta, del Frente Amplio, y algunos otros del Partido Restauración Nacional (PRN)-- mantienen que las medidas afectarán de forma notable a las clases medias de Costa Rica, así como a los ciudadanos que viven con menos recursos, incrementando el nivel de pobreza en el país más estable --política y económicamente-- de América Latina.
Sin embargo, el Ejecutivo de Alvarado considera imprescindible la medida para sanear las finanzas públicas y frenar el incremento de la deuda del Estado, contando además con el voto favorable de las agrupaciones tradicionales del país: Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Aún así, desde la Presidencia se reconoce que no es el proyecto fiscal más adecuado y deseado para hacer frente a la situación, pero de no aprobarse el Ministerio de Hacienda ha asegurando que peligra el pago de los salarios a los funcionarios y la inversión de pública.
Según recoge 'El País', el proyecto legislativo aportaría unos 390.000 millones de colones (casi 680 millones de dólares), un tercio de lo necesario para dejar en cero el actual déficit fiscal, del 7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Además, y tal y como indica el citado medio, el Gobierno asegura que el 80 de cada 100 colones recaudados mediante estas medidas por el fisco procederán de los sectores más ricos.
EL TURISMO
Por otra parte, si bien la huelga está provocando graves daños en los principales sectores públicos del país, otro de los sectores clave de la economía costarricense también se está viendo notablemente mermado por el cierre de instituciones públicas y las protestas en las calles, el turismo.
Los visitantes extranjeros no han podido evitar verse afectados por paros en las carreteras, protestas o el cierre de algunas administraciones públicas, a pesar de que se ha tratado de mantener por parte de las autoridades la imagen de calma, orden y seguridad.
En el sector servicios costarricense --que no está afectado directamente por los recortes fiscales propuestos-- preocupa notablemente que la situación de huelga, que está conllevando imágenes de caos, se mantenga y alargue durante mucho tiempo, ya que noviembre es la fecha en la que se inicia la temporada alta de visitantes en el territorio.
Tal y como recoge 'El País', algunos cruceros han decidido no atracar en las costas de Costa Rica, algo que además de afectar al sector del turismo, también lo ha hecho a otros como el agrícola. Las alteraciones derivadas del paro han provocado el retraso y cese de exportaciones de productos como la piña.