CIUDAD DE MÉXICO, 22 Sep. (Notimérica) -
A pesar de que el aborto en casos de violación es legal en todo México, en ocasiones, e ignorando la voluntad de la paciente, este no se lleva a cabo.
El personal médico, siempre y cuando no corra peligro la vida de la embarazada, puede negarse a practicar una interrupción en el embarazo, algo que ocurre con frecuencia en un país que, además, cuenta con el mayor número de embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
La criminalización del aborto en México, aunque este se encuentre legalizado --contemplando diferentes causas en cada estado--, merma la salud de las mujeres que optan por el aborto en el país, con consecuencias que van desde negarle la práctica del mismo hasta culparla por haber decidido abortar o condenarla al ostracismo social.
La científica Beloa Ganatra, encargada de elaborar estudios relativos al aborto en la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado las consecuencias que la criminalización del aborto comportan: "Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias. Esto no debería pasar. Sin embargo, pese a la evidencia y a los recientes avances en materia de tecnología, siguen produciéndose demasiados abortos peligrosos y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo".
Marimar y Fernanda han sido dos víctimas de la negación de un servicio al que tenían derecho. Ambas habían sido víctimas de violación y, aún así, les negaron la posibilidad de abortar, iniciando un procedimiento que alcanzaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este organismo determinó que los Derechos Humanos de las dos mujeres habían sido violados debido a que las autoridades médicas "deben atender de manera inmediata la solicitud (de aborto), a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, etcétera, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo".
La negación de este servicio se ha visto reforzado, además, por la reciente aprobación de una adición al artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, en el que se establece que el personal sanitario podrá hacer objeción de conciencia y no participar en diferentes servicios de salud, a no ser que se ponga en riesgo la viada del paciente o se trate de una urgencia.
Debido a la negación de la interrupción voluntaria del embarazo en el país y a la ampliación de la ley, las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ONU-Mujeres y ONU-Derechos Humanos han expresado su preocupación al Gobierno mexicano ya que esto puede suponer "un obstáculo para el acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad en atención a la salud", tal y como ha publicado el diario mexicano 'Animal Político'.
Estas prácticas, habituales en el país iberoamericano, y la condena a las mujeres que deciden someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, obstaculizan, además, la solución a algunos de los problemas sociales más urgentes de México, como es la mortalidad materna, los embarazos adolescentes o la violencia sexual.