TEPIC (MÉXICO), 11 Ene. (Thomson Reuters Foundation/EP/Notimérica) -
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) ha advertido de que la amenaza de expulsión que pesa sobre 200.000 salvadoreños que residen actualmente en Estados Unidos puede derivar en consecuencias económicas para sus propias familias y también en una presión social para el país centroamericano, que se arriesga a un retorno masivo de ciudadanos.
La Administración de Donald Trump anunció el lunes la cancelación del permiso de residencia temporal aplicado en 2001 y del que gozan 200.000 salvadoreños que ahora se enfrentan a la deportación o a vivir de forma ilegal en Estados Unidos a partir de septiembre de 2019.
El director para América y el Caribe del FICR, Walter Cotte, teme las consecuencias que acarrearía para El Salvador un "retorno masivo", en la medida en que añadiría nuevas presiones a nivel laboral y de recursos a un país que ya vive casi al límite de sus posibilidades.
"Va a crear dos efectos: se reducirá el dinero que llega de Estados Unidos (...) y volverá un gran número de personas sin trabajo", ha asegurado Cotte en una entrevista con la Thomson Reuters Foundation. "Si sumas los dos efectos, tienes un gran problema para el país y una situación muy peligrosa", ha apostillado.
Los salvadoreños expatriados enviaron entre enero y noviembre de 2017 unos 4.500 millones de dólares en remesas, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Banco Central. Para muchas familias, este dinero es la única fuente de ingresos de la que dependen para que haya un plato en la mesa.
Un informe del International Crisis Group también recoge que El Salvador "no está preparado, ni económica ni institucionalmente", para recibir a los 192.700 "hijos" que tiene en Estados Unidos, "muchos de los cuales están en una edad perfecta para ser reclutados o víctimas de las bandas organizadas".
A pesar de que la tasa de asesinatos descendió en El Salvador un 25 por ciento el año pasado, la violencia atribuida a las 'maras' sigue convirtiendo al país centroamericano en uno de los más peligrosos del mundo. Las deportaciones de presuntos pandilleros desde Estados Unidos crecieron un 140 por ciento en 2017.