¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos en Honduras?

Actualizado 18/02/2016 18:56:12 CET
A child looks up while standing near a crime scene in Tegucigalpa
JORGE CABRERA / REUTERS
 

   TEGUCIGALPA, 18 Feb. (Notimérica) -

   En Honduras existen altos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de Derechos Humanos (DDHH). El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

   Las acciones orientadas a reformar las instituciones responsables de la seguridad pública han tenido escasos avances. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos y el colectivo LGBT.

   Tal y como ha recogido la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su 'Informe Mundial 2016', las acciones del gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para investigar y juzgar la violencia contra miembros de grupos vulnerables apenas tuvieron avances en 2015.

-ABUSOS Y CORRUPCIÓN POLICIAL

   El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información con respecto al público y en general prevalece la impunidad.

   El presidente de Honduras ha incrementado la participación militar en la lucha contra el crimen violento, a pesar de que cuando la intervención militar se anunció en noviembre de 2011 se señaló que esta sería una medida provisional hasta que se reformara la Policía Nacional.

   Desde entonces, las denuncias de violaciones de Derechos Humanos por militares han aumentado considerablemente.

-INDEPENDENCIA JUDICIAL

   En abril de 2015 la Corte derogó una histórica disposición constitucional que prohibía la reelección presidencial. La decisión permitiría que el presidente Hernández se postule a un segundo mandato en 2017 si así lo desea.

   En 2015, organizaciones de abogados acusaron al Consejo de la Judicatura --con potestad para designar y destituir jueces-- de recurrir a la amenaza de acciones disciplinarias para intimidar a jueces e influir en decisiones judiciales.

-ATAQUES CONTRA PERIODISTAS, ABOGADOS Y DEFENSORES DE DDHH

   Persisten amenazas, ataques y asesinatos que tienen como víctimas a periodistas, profesionales del derecho y defensores de DDHH. La CIDH informó de ocho homicidios de periodistas entre enero y julio de 2015. En la mayoría de los casos, las autoridades no investigan ni juzgan delitos contra periodistas.

   En febrero de 2015, el conductor de un programa de noticias en Canal 27, Carlos Fernández, fue asesinado tras una agresión armada mientras regresaba del trabajo a su casa.

   En mayo de 2015, el gobierno promulgó una ley para proteger a defensores de Derechos Humanos, periodistas y profesionales del derecho.

-VIOLENCIA RURAL

   Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años con relación con controversias por tierras en el valle del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009.

   Esta problemática enfrenta a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas, que reclaman ser las legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país en 1992.

   Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni brindado protección a personas en riesgo. También líderes indígenas que promueven causas ambientales han sufrido ataques violentos que quedaron impunes.

-ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

   La violencia homofóbica es un problema en Honduras. La CIDH recibió 174 denuncias de asesinatos a personas del colectivo LGBT entre 2009 y 2014 por motivos de orientación sexual.

-VIOLENCIA CONTRA MENORES

   Los menores están expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada por pandillas armadas. Muchos son reclutados o presionados frecuentemente para unirse a estas pandillas. El temor a la violencia provoca que cientos de otros niños dejen sus hogares cada año y se dirijan hacia destinos al norte, como México o EEUU.

-CONDICIONES EN CENTROS DE DETENCIÓN

   En febrero, había más de 15.000 presos en las cárceles del país, diseñadas para albergar a unas 8.600 personas. La corrupción está generalizada entre los funcionarios penitenciarios.

   En numerosos establecimientos, los guardias penitenciarios han renunciado en la práctica al control y la disciplina de los internos, y esto ha provocado abusos, extorsiones y violentos enfrentamientos.

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