MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Gobierno de Cuba está usando las restricciones implementadas para frenar los contagios de coronavirus en el país como pretexto para "acosar, intimidar y detener a disidentes".
Según la información proporcionada por la organización, las fuerzas de seguridad han detenido a disidentes acusándolos del delito de "propagación de pandemias", multándolos por presuntas violaciones de las restricciones, abriendo procesos penales "abusivos" y deteniendo a personas en "celdas insalubres que favorecen la propagación de la COVID-19".
El pasado 26 de noviembre, según ha detallado HRW, las fuerzas de seguridad del país detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, después de que uno de ellos fuera acusado de violar las medidas impuestas contra la COVID-19 al no realizarse una prueba.
"Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra la COVID-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos", ha criticado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Vivanco ha señalado, asimismo, que este comportamiento "forma parte de un patrón más amplio en el cual el Gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente".
Entre julio y noviembre de 2020, la organización ha documentado abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas.
De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por el delito de "propagación de epidemias", que está penado con multas y hasta nueve meses de prisión.
Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con la COVID-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.
Además, HRW señala que la mayoría de personas multadas ha negado haber transgredido las normas, lo que provocó en algunos casos que los agentes les amenazaron con procesarlas por "desacato", mientras que algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de que se les acusaba.
Por otra parte, a ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica, algunos sufrieron violentas golpizas y varios tuvieron que enfrentar procedimientos penales sin un abogado que los representara.
Entre las medidas específicas para frenar el avance de la pandemia impuestas por el Gobierno se incluye una multa de "aproximadamente el doble del salario mensual promedio" a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o "dificulten en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias", entre otras transgresiones. Multas que se duplican si no son pagadas en un término de diez días e incluso pueden suponer penas de cárcel si no se abonan.
Por último, HRW recuerda que "con arreglo al Derecho Internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia", entre ellos la prohibición de malos tratos, los principios fundamentales de acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento.