CIUDAD DE MÉXICO, 28 Ago. (Notimérica) -
Este año se cumple el séptimo aniversario del asesinato de 58 hombres y 14 mujeres migrantes en un rancho de San Fernando, ciudad ubicada en el estado mexicano de Tamaulipas, y los familiares de las víctimas reclaman que a día de hoy solo hay 15 personas imputadas pero ninguna cumple condena.
La Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República se ocupa de la investigación, a cargo de Leonor Figueroa, de la masacre de 72 migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos en agosto de 2010.
Sin embargo, una integrante del área jurídica de la Fundación para la Justicia, Ana Sandra Salinas, indicó que "desde que la Unidad de Investigación tiene el caso no ha hecho nada por darle seguimiento a las consignaciones y condenas", según informa 'Animal Político'.
Varios activistas y familiares de las víctimas se reunieron este jueves frente a la PGR para exigir que se reabra el expediente del caso debido a que muchos familiares dudan de la identificación de los cadáveres ya que se les realizó una prueba de ADN pero a sus parientes no les dejaron verlos.
Al parecer, los migrantes pararon en Tamaulipas para dormir la noche antes de ser repartidos en dos furgonetas rumbo a EEUU, cuando, un grupo de hombres pertenecientes al cartel mexicano de Los Zetas los secuestró dándoles dos opciones, trabajar para ellos a morir.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, que calificó la masacre como una violación grave de los Derechos Humanos, decidió hacer público el expediente el pasado 31 de mayo después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitase tener acceso a través de la Ley Federal de Transparencia.
"Lo peor de todo es que no hemos aprendido nada y siete años después, la zona de San Fernando, es un territorio de terror. Los migrantes que llegan hasta aquí se regresan ante lo que ven y lo que viven: unos son secuestrados, otros escaparon...", indicó el padre Pedro Pantoja, director del albergue para migrantes de Saltillo (México), a 'El País'.