MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido cambios legales para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de menores migrantes solos, procedentes fundamentalmente de Canarias, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con la institución para presentar su actividad durante los años 2022 y 2023.
"Hay que buscar soluciones, que en parte pasan por modificaciones legales para que el resto de comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores", ha asegurado para añadir que "parece" que se avanza en esa dirección. Gabilondo se ha referido así al aumento de llegadas de migrantes por vía irregular a Canarias en 2023, con casi 40.000. Esta situación implica, a su juicio, "un reto" para el sistema de protección de menores en el archipiélago.
También ha reiterado que se necesitan infraestructuras "adecuadas", así como personal especializado, para la "identificación, acogida e integración" de los menores migrantes, especialmente, de aquellos que pueden ser víctimas de trata.
En esta línea, ha dicho que la respuesta ofrecida a la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania ha sido un "ejemplo de coordinación", que, a su juicio, "debería ser replicado en la política migratoria". "La apuesta europea por favorecer una migración legal, ordenada y segura, debe llevarnos a evaluar la situación en la que se encuentran las oficinas de extranjería y los consulados, reforzando sus medios y su coordinación", ha apuntado.
El Defensor del Pueblo ha recordado otros de los temas "fundamentales" recogidos en los informes de los años 2022 y 2023, como la necesidad de revisar "en profundidad" el sistema de protección internacional, "en lo que se refiere a las dificultades de acceso al mismo, la demora en la tramitación de las solicitudes y las deficiencias del propio sistema de acogida".
En cuanto a la pobreza, ha dicho que "es la gran exclusión y la reducción de la desigualdad" y que ha de ser un "objetivo prioritario" del conjunto de los poderes públicos y de las administraciones "atender a aquellos ciudadanos más vulnerables".
Gabilondo ha recordado que en 2022 y 2023 han tramitado un total de 67.055 expedientes, 31.452 en 2022 y 35.603 en 2023 -datos recogidos en los informes ya conocidos-. También ha precisado que han atendido a través de llamadas telefónicas o personalmente a 74.962 ciudadanos y que la institución ha iniciado 538 actuaciones de oficio.
Asimismo, ha añadido que la tramitación de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio han dado lugar a 4.868 resoluciones entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios legales y advertencias. Respecto a la aceptación de las resoluciones por parte de la administración, ha destacado que es "bastante positiva", en torno al 70%. En todo caso, ha denunciado que, en ocasiones, se demoran "en contestar o no contestar".