RIO DE JANEIRO, 15 Jul. (Notimérica) -
Fue solicitado, el martes 14, a la Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro, a través del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas sobre Drogas una acción de Habeas Corpus colectivo y preventivo, con una solicitud de una medida cautelar y un salvoconducto para evitar el ingreso en prisión de los consumidores de drogas.
Según informes de la oficina de prensa del Gobierno de Río de Janeiro, en la nota, la petición propuesta por la institución será juzgada por la cuarta Sala Penal Especial de la Capital. En caso de que se acepte la petición presentada, a las autoridades mencionadas en los registros se les prohibirá la detención de los que lleven drogas para consumo propio, algo que podría sentar un precedente para el proceso de despenalización de las drogas.
En el caso de que la policía incaute sustancias ilegales, el transportista será evaluado y se le hará la acostumbrada ficha y registro del delito.
"Según la demanda, los dueños de la 11ª DP (Rocinha), 12 DP (Leme), Distrito 13 (Copacabana), 14a DP (Leblon), y 15 DP (Gávea), y el inspector de la segunda Provincial de la Guardia de la ciudad de Río (Zona Sur) y los comandantes de la BPM 19a (Copacabana) y 23 BPM (Leblon), tendrán que comunicar la orden judicial a sus subordinados, donde se suspende la práctica contra el consumidor a parir de la oficialización de la decisión", se lee en el comunicado.
Esta medida, según la Defensora Pública de Río, garantiza el "el derecho de ir y venir", ya que la actual política de drogas "viola la libertad de los ciudadanos" y "aumenta los encarcelamientos en el país".
"La solidaridad cultural de los consumidores de drogas ilegales los une en una verdadera comunidad vulnerable a los efectos de estar destinados a prisión preventiva, y contra esto no solo está la 'Marcha del Millón de Porros', está presente en varias organizaciones, figuras públicas y campañas de promoción por parte de las instituciones nacionales e internacionales que participan en el debate público, siempre motivados por el hecho de que la actual política de drogas ha sido responsable del aumento exponencial de los encarcelamientos en el país", argumentan los defensores.
Experiencias exitosas en la liberación del consumo de drogas en otros países también se citaron en la solicitud del Defensor, como es el caso de Uruguay, aprobada en mayo del 2014 (durante la administración del expresidente José Mújica) el consumo controlado y debidamente registrado de marihuana. Una ley que regula la producción, venta y consumo controlado de marihuana en el país.
En el momento en que se aprobó la medida, Mújica dijo que la idea era "no animar a la gente a fumar más, pero mandar un mensaje, deja esta mierda lo más rápido posible".
El intento de Uruguay para combatir el tráfico de marihuana es seguido de cerca en América Latina, donde la legalización de algunas drogas es visto cada vez más como una alternativa posible frente a la violencia del narcotráfico, sin embargo, el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, suspendió la ley aprobada por Mújica con el argumento de que era necesario revisarlo.
Chile es otro país que camina hacia la despenalización de la marihuana. A principios de este mes de julio, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el inicio de la discusión de un proyecto que pretende legalizar el cultivo privado de marihuana para uso medicinal y recreativo.
En cuanto al viejo continente, Portugal también despenalizó el consumo de drogas para uso propio, así como España que, a pesar de hacer la distinción entre lo que ellos llaman drogas duras (cocaína, por ejemplo) y las drogas blandas (en este caso marihuana o hachís) que pueden penalizarse con una multa en función de la cantidad transportada.
Siguiendo esta línea, la tesis de la Defensa también incluye la posición de la Corte Suprema (STF) en el recurso extraordinario con repercusión en general que el juez, probablemente en agosto, interprete si hay que criminalizar o no el uso de drogas.