BOGOTÁ, 25 Jun. (Notimérica) -
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para procesar a los actores del conflicto armado, recibió este fin de semana un informe de varias organizaciones de derechos humanos sobre 150 casos sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados después como bajas en combate, conocidos en el país cafetero como 'falsos positivos'.
El documento, titulado 'Y volveremos a cantar', fue presentado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y documenta más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas.
Las organizaciones, que recopilaron la información durante más de un año, señalan que estas ejecuciones se realizaron entre 2003 y 2008 --durante el Gobierno de Álvaro Uribe-- y presuntamente perpetradas por las unidades militares de la II y X Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED) y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira --en la región Caribe--, todas pertenecientes a la I División del Ejército colombiano.
"Hemos identificado que más de 600 oficiales, suboficiales y soldados estuvieron vinculados con la práctica de estos crímenes", señaló el abogado Sebastián Escobar, de la CCAJAR.
Según este, los uniformados tenían "una presión constante por presentar resultados, bajas en combate" y, además, recibían "una serie de incentivos" por ello, como vacaciones, permisos, dinero, condecoraciones, ascensos y capacitaciones en el exterior.
VÍCTIMAS
De acuerdo con este informe, del total de víctimas, 118 fueron personas en precaria situación económica; 35 eran indígenas wayú, kankuamo y wiwa; ocho de los asesinados eran menores de edad y seis fueron mujeres.
Otras 131 víctimas no se han identificado hasta la fecha, y en 13 casos sus familiares recibieron amenazas tras denunciar el crimen, tanto de desaparición como de asesinato.
De este modo, las organizaciones solicitan a la JEP que concrete si los asesinatos están vinculados al conflicto armado colombiano, si se trató de violencia política, si tenían una finalidad económica o si fue una limpieza social.