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TEGUCIGALPA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las familiares de los presos y algunos vecinos de la prisión de Comayagua, en el centro de Honduras, han denunciado que escucharon un tiroteo dentro del edificio momentos antes del incendio que el pasado miércoles provocó la muerte de 359 reclusos y han asegurado que unos 20 reos se habrían fugado mientras las llamas consumían la estructura.
Todavía se desconocen las verdaderas causas del incendio. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez Delcid, ha adelantado que, de acuerdo con el último recuento realizado, ningún preso habría abandonado el recinto judicial de manera irregular.
Una de las hipótesis que se barajan es que el incendio fuera provocado por un reo del pabellón seis para facilitar la salida de los internos, mientras que otros apuntan que fue producto de una reyerta entre bandas rivales.
Las autoridades se inclinan más por la hipótesis del cortocircuito, idea que cogió fuerza después de que varios reclusos denunciaran que horas antes del incendio se habían producido varios apagones en algunos pabellones de Comayagua.
Familiares que pudieron ver a los supervivientes tras el incendio afirman que algunos reos tienen heridas muy leves que habrían sido causadas balas que les rozaron el cuerpo. La Policía encargada de la vigilancia en Comayagua ha reconocido que tuvieron que hacer varios disparos al aire para alertar del incendio a los presos que estaban durmiendo, según revela el diario local 'La Prensa'.
Algunos vecinos del penal aseguran haber escuchado "ráfagas" de disparos y haber visto a internos salir corriendo del edificio mientras las llamas abrazaban el edificio que albergaba a más de 800 presos, pese a que tenía capacidad para menos de 400 reos.
De ser ciertas estas versiones, el Estado hondureño sumaría otra denuncia a las que podrían presentar los familiares de los internos por no haber garantizado los derechos fundamentales de los reclusos, debido a la situación de hacinamiento e insalubridad que vivían dentro del recinto carcelario.
La ministra hondureña de Derechos Humanos, Ana Pineda, reveló la semana pasada que el Estado hondureño está dispuesto a reconocer el "incumplimiento" de lo establecido en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos para lograr una "solución amistosa" con los familiares de las víctimas, ante una eventual condena judicial contra las autoridades encargadas de velar por los presos.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado a las autoridades hondureñas por no haber garantizado las condiciones mínimas de los reclusos en la prisión de Comayagua, al tiempo que han advertido de la delicada situación de hacinamiento y salubridad que se viven en otros recintos carcelarios del país.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha anunciado que enviará una delegación para que investigue la tragedia y determine las causas del incendio.