Un grupo heterogéneo que componen víctimas de la dictadura militar, de la delincuencia común o indigentes
MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Más de 80.000 personas desaparecen cada año en Brasil, una cifra "espeluznante" que supone solamente el primer paso de un largo camino que el gigante suramericano apenas empieza a recorrer para dar respuesta a quienes buscan a sus familiares, víctimas de los crímenes del pasado o de la violencia actual.
Marianne Pecassou, experta de la oficina regional del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), explica a Europa Press en una entrevista concedida con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se celebra este 30 de agosto, que Brasil es un caso particular en un contexto iberoamericano donde la mayoría de las desapariciones datan de la época de las dictaduras militares o se deben a un conflicto armado.
"Una primera categoría son los desaparecidos del pasado, las personas que desaparecieron durante el régimen militar" (1965-1985), indica. La última vez que se vio al periodista y abogado Jayme Amorim Miranda fue en 1975. Su mujer y sus dos hijos aún lo buscan. "Llevo toda la vida en esta lucha, siempre esperando noticias", dice su esposa, Elza Miranda.
Otro gran grupo son "las víctimas de las situaciones de violencia que hay en muchas zonas del país y que tienen que ver con grupos armados involucrados en tráficos" ilegales. "Si hablamos de criminalidad común, no solo hay desapariciones recientes, algunas han ocurrido hace diez o quince años y los casos siguen sin estar resueltos", aclara Pecassou.
Rodrigo Correia Santos tenía 22 años cuando salió de casa de sus padres como cada noche para conducir su taxi. Ya hace seis años y desde entonces su familia lo busca sin descanso por los barrios de Sao Paulo. "La esperanza es lo último que se pierde. Le encontraremos en cualquier momento", confía su padre.
Sin embargo, "las situaciones son muy variadas". Hay personas indigentes, enfermas o detenidas que están recluidas, ya sea en albergues, hospitales o comisarías, y no tienen la posibilidad de contactar con sus familias. Robson Roberto da Cruz desapareció en 2016 el día del cumpleaños de su madre. El pasado mes de junio su familia recibió una llamada. Estuvo hospitalizado un mes y murió. Tenía esquizofrenia.
FUERA DEL RADAR
La trabajadora humanitaria indica que, aunque para las familias es una realidad muy presente, las desapariciones estaban fuera del "radar" de las autoridades brasileñas hasta hace apenas unos años, cuando el CICR propuso al Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) comenzar a recabar información sobre estos casos a nivel nacional.
Gracias a ello, se sabe que solo en 2017 se denunciaron 82.684 desapariciones en todo el territorio brasileño. "La magnitud es muy grande. Estamos hablando de un promedio de 80.000 personas desaparecidas al año. Son cifras espeluznantes, que asustan", reconoce la experta del CICR.
"El problema de estos datos es que no sabemos si se ajustan a la realidad", advierte. "Es posible que haya un subregistro", por desapariciones no denunciadas, pero también que los números estén sobredimensionados, por personas que han sido localizadas muertas o vivas. "Lo que hay es un escenario de incertidumbre", afirma.
Pecassou lo atribuye a que hasta que el CICR dio la voz de alarma las autoridades brasileñas no eran conscientes del alcance del problema. "Creo que simplemente no estaba en el radar de las instituciones que manejan los temas de seguridad pública (...) Se sorprendieron por nuestra solicitud", recuerda.
Además, "Brasil es un país muy grande, casi un continente", y está dividido en "27 estados diferentes que tienen su propia legislación, su propia manera de abordar los problemas". "Hay multiplicidad de registros (sobre personas desaparecidas) en cada estado pero a veces no se hablan (entre ellos) y a veces dentro de un mismo estado hay registros distintos (...) Hay mucha confusión", se queja.
A ello hay que añadir que Brasil tiene problemas acuciantes, entre los que Pecassou menciona la pobreza. A cierre de 2017, cerca de 15 millones de brasileños vivían en la pobreza extrema, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. "Últimamente también se ha hablado mucho de la política nacional en la prensa. Y, claro, no es noticia hablar de personas desaparecidas", lamenta.
DAR VISIBILIDAD
Así las cosas, el CICR llama a esforzarse para afinar las cifras sobre personas desaparecidas y entenderlas. Las familias son esenciales en este proceso porque dan los detalles de quiénes eran, dónde y por qué desparecieron.
Es fácil cuando hay "familias organizadas". Ivanise Esperidao no imaginó verse implicada en esta lucha. Su hija Fabiana, de 13 años, fue a celebrar el cumpleaños de una amiga a 300 metros de su casa y en el recorrido de vuelta desapareció. Era la víspera de la Navidad de 1995. Ahora, Esperidao es conocida en todo el país por ser la fundadora de Maes da Se (Sus Madres), la principal organización de búsqueda de personas desaparecidas en Brasil.
En cambio, hay familias "bastante aisladas". "Muchas veces son de estratos socieconómicos muy bajos, extremadamente bajos (...) que se gastan lo poco que tienen en buscar" a sus seres queridos, lo que las empuja hacia "una situación de vulnerabilidad muy grande" que les puede sumir en la "indigencia".
Altair Vasconcelos recuerda cómo su madre no dejó de buscar a su hermano Joel ni un solo día. Iba a los lugares que frecuentaba su hijo, preguntó en oficinas de todos los niveles de gobierno y escribió cartas a todo el mundo -"¡Incluso al papa!"--. "Y mi madre no tenía más que la primaria", destaca su hija. Pese a ello, nunca supieron de Joel, desparecido en 1971.
"EL DOLOR VA EN AUMENTO"
La desaparición supone "un tremendo remezón" emocional para las familias, que a partir de ese momento entran en una carrera contrarreloj para encontrar a sus parientes con vida. El desgaste psicológico es "enorme", hasta el punto de que lo llegan a somatizar en dolencias físicas y "enfermedades crónicas", comenta Pecassou.
El impacto es distinto si se trata de búsqueda de personas vivas o muertas. En los casos de desaparecidos durante la dictadura militar, las familias asumen que han fallecido. La hija de David Capistrano, a quien se perdió la pista en 1974, solo aspira a saber qué ocurrió. Cuando se promulgó la ley de amnistía y no regresó, aceptaron que no volvería.
"Si hablamos de desapariciones más recientes, en particular de situaciones de violencia, las familias viven con angustia y ambigüedad el destino de sus seres queridos (...) Los buscan vivos pero al mismo tiempo recorren todas las morgues para ver si están entre los cadáveres no identificados", relata.
"Cada día que pasa, cada año que pasa, el dolor va en aumento. Es como una herida que se va agrandando. Si tuviera enterrada a mi hija, me habría hecho a la idea de no verla más. No saber qué pasó nos va matando a poquitos", cuenta la creadora de las Maes da Se.
El CICR trabaja con estas familias para conocer sus necesidades, que van desde el apoyo psicológico hasta cuestiones administrativas, puesto que muchas de ellas no tienen acceso a ciertos beneficios porque no se les permite declarar la "ausencia" legal del desaparecido.
El proceso está en una fase embrionaria, la de recabar datos y elaborar estadísticas, pero confían en conseguir un marco legal que dé respuesta a "un problema complejo". "No se puede resolver en dos días ni en dos meses. Hay que tener paciencia", pide Pecassou.