MSF alerta del grave impacto que la situación tiene en la salud mental de la población y pide atención "oportuna y adecuada"
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Puede que el conflicto sobre el papel en Colombia terminara con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, pero lo cierto es que la violencia sigue siendo una realidad muy presente a día de hoy en las vidas de muchos colombianos. Y sin embargo, la respuesta del Estado ante las necesidades de quienes se siguen viendo desplazados o confinados no está siendo la adecuada.
El departamento de Nariño (suroeste) es uno de los lugares donde "el conflicto se ha estado acentuando" debido a las acciones de los "múltiples grupos armados" que operan allí, explica a Europa Press la responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Colombia, Marisol Quiceno.
Entre finales de 2019 y principios de 2020 la ONG ha constatado al menos siete desplazamientos masivos y cuatro confinamientos de población en varios municipios de Nariño, lo cual ha afectado a 14.000 personas, las cuales, según Quiceno, "no han recibido una respuesta oportuna y adecuada por parte del Estado".
La población desplazada o confinada en sus casas no puede satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, pero también se ve afectada la educación de los niños o el acceso de los adultos a sus lugares de trabajo. Si estos están fuera de su vereda "no pueden salir por temor a los enfrentamientos y las amenazas", explica la responsable de MSF.
Quiceno pone como ejemplo el caso de Olaya Herrera, donde casi 700 familias desplazadas tuvieron que pasar la Navidad en campamentos improvisados y donde solo la mitad de ellas recibieron asistencia dos semanas después de abandonar sus casas, mientras que el resto no recibió ninguna ayuda hasta que no llegaron MSF y el consorcio Mappa.
En el caso de Roberto Payán, donde unas 3.500 personas se han visto desplazadas por los enfrentamientos armados, un primer grupo sí recibió ayuda alimentaria de la Unidad para las Víctimas del Gobierno, mientras el segundo no ha recibido ningún tipo de asistencia, por lo que la mayoría han retornado a sus casas, donde se encuentran confinados, a la espera de que llegue la ayuda.
La responsable de MSF también denuncia la situación en Magüí Payán, "uno de los municipios más olvidados de la zona" donde a las 600 personas que había desplazadas desde el año pasado se sumaron cerca de 320 a principios de febrero. Tras tres días a la espera de ayuda por parte de las autoridades, tuvieron que regresar a sus hogares, "poniendo en peligro sus vidas", subraya.
Entre los argumentos que esgrimen las autoridades ante la lentitud de la respuesta figura el hecho de que "los recursos son insuficientes" ya que la partida para 2020 aún no está disponible. Otro problema añadido, según explica Quiceno, es que para poder brindar ayuda de emergencia es necesario hacer un censo de las persona afectadas, pero no se lleva a cabo ya que la inseguridad impide el acceso a las zonas y las fuerzas de seguridad no lo autorizan.
HACE FALTA ASISTENCIA OPORTUNA Y CONSTANTE
Pese a todo, insiste Quiceno, la población desplazada y confinada debería "recibir atención oportuna y constante", durante todo el año, algo que ahora no se está produciendo. "En algunos casos la respuesta llega con semanas de retraso y en otras ocasiones nunca llega", lamenta.
Por ello, desde MSF reclaman al Gobierno de Iván Duque que "mejore su respuesta para mitigar los efectos en la salud, y en particular en la salud mental, y active respuestas inmediatas". Mientras esto ocurre, por el momento hay una "respuesta muy limitada de las ONG", de ahí el que en MSF sienten que con su labor "no se está haciendo lo suficiente porque la magnitud de la situación es grande".
MSF tiene un equipo de respuesta de emergencia en Nariño que ofrece atención en materia de salud primaria --atención prenatal, menores de 5 años, enfermedades crónicas-- y también en salud mental.
Según Quiceno, los problemas de salud física que se detectan en las personas desplazadas o confinadas tienen que ver con las condiciones en que viven, principalmente problemas de falta de agua y saneamiento, por lo que se detectan casos de afecciones gastrointestinales y de piel. En la mayoría de los casos "nos cuentan que han tenido recientemente acceso a servicios médicos", indica.
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN ENTRE LOS AFECTADOS
Pero donde el impacto parece mayor es en la salud mental. El verse desplazados genera "una sensación de desarraigo", además de romper el tejido social, lo que exacerba sentimientos de "tristeza y desesperanza, incluso dificultades para la toma de decisiones". Según Quiceno, también "surgen síntomas psicosomáticos como dolores de cabeza o alteraciones del sueño".
La "intranquilidad y ansiedad" que ya genera de por sí el desplazamiento se ve exacerbada por la "preocupación por los familiares que quedaron atrás" de los que no siempre es fácil obtener noticias. Todo ello, según la responsable de MSF, termina derivando en diagnósticos de depresión y ansiedad".
El impacto de esta continuación del conflicto viene a sumarse al "sufrimiento emocional" vivido por años por muchos de los ciudadanos durante el mismo. Estos casos, reconoce Quiceno, "son más difíciles de tratar".
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LA CONTINUACIÓN DEL CONFLICTO
Así las cosas, desde MSF defienden la necesidad de "volver a tener una mirada en el impacto del conflicto armado y en la violencia en Colombia". "Se pensaba que al momento habría paz pero lo que estamos viendo es que no es así y continúan los combates entre los grupos armados, continúan los hostigamientos, asesinatos a líderes, amenazas entre otras situaciones que tienen impacto en la población", se lamenta Quiceno.
Aunque reconoce el desafío humanitario que para Colombia representa igualmente la presencia de más de 1,6 millones de migrantes venezolanos en el país, pide a la comunidad internacional que ello no haga olvidar a las zonas que aún se ven afectadas por el conflicto armado, entre las que está Nariño. "No hay fondos suficientes" para ninguna de las dos situaciones, denuncia.
Dado que, añade la responsable de MSF, "la situación de violencia va a seguir" a menos que no se apueste por el diálogo de paz y por el cumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo, y con ella el impacto en la población, el Gobierno de Colombia debería "tratar de que la situación de la violencia se amortigüe pero también de que la respuesta humanitaria sea inmediata".