Pone de ejemplo las mujeres y niñas mexicanas, "especialmente si son indígenas", y las colombianas desplazadas y las defensoras de DDHH
MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la violencia sexual ejercida, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, por los agentes del Estado, que "pone de manifiesto una relación de poder desigual entre hombres y mujeres" y que se caracteriza por sus amplios "márgenes de impunidad" y por los obstáculos a que se enfrentan las víctimas para buscar justicia".
"Una de cada cinco mujeres en el mundo es víctima de violación o de intento de violación alguna vez en su vida", declaró la responsable de campañas e investigación de la sección española de Amnistía Internacional, Eva Suárez-Llanos, durante la rueda de prensa del informe '¡Ni abuso de poder ni impunidad! Combatir la violencia sexual contra mujeres a manos de agentes del Estado', presentado hoy en la sede central de AI-España en Madrid.
Según Suárez-Llanos, con estos actos se viola tanto "el primer deber del Estado, que es proteger los Derechos Humanos de las mujeres", como el Derecho Internacional, que obliga a los Estados a "la protección, la justicia y la asistencia a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual".
La violencia sexual cometida por agentes del Estado "se alimenta de la discriminación y refuerza la discriminación", ya que "cada vez que un policía, un funcionario de prisiones o un soldado abusa de una mujer, lo que hace es poner de manifiesto una relación de poder desigual entre hombres y mujeres". Aparte, "con la violencia sexual a manos de agentes del Estado se incrementan los márgenes de impunidad y los obstáculos a que se enfrentan las víctimas para buscar justicia", añadió.
MÉXICO
Aunque este tipo de abusos sexuales cometidos por agentes del Estado se han constatado "en casi todos los países del mundo", según Suárez-Llanos, el informe presentado hoy muestra algunos ejemplos, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto.
Uno de los países analizados en el informe es México, donde "las mujeres y las niñas sufren índices elevados de discriminación y violencia en el ámbito familiar y en la comunidad, especialmente si son indígenas". Según AI, las mujeres que han pedido responsabilidad por abusos cometidos por agentes estatales se han enfrentado a "una atención médica deficiente, exámenes forenses inadecuados y a un sistema judicial que no ofrece siquiera unas garantías mínimas de obtener resultados favorables".
Aparte, en los casos en que los responsables de estos abusos son militares, la rendición de cuentas es "inexistente", ya que se remiten a la Justicia Militar. "En estos casos, la impunidad es simplemente absoluta", aseveró Eva Suárez-Llanos.
Al respecto, Amnistía recuerda el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, de la comunidad indígena tlapaneca, "que fueron violadas por integrantes del Ejército mexicano en 2002 en el Estado de Guerrero. "Cinco años después siguen esperando que se haga justicia", denuncia la organización, que añade que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está investigando la inacción del Gobierno mexicano a la hora de garantizar el acceso efectivo a la justicia de estas dos mujeres".
Otro caso en este país es mucho más reciente, concretamente de la semana pasada. Se trata de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 72 años de edad, de la comunidad de Tetlazinga (municipio de Soledad Atzompa, Estado de Veracruz), que, según informes citados por AI, fue violada y torturada por soldados del 63 batallón de infantería del Ejército el pasado 25 de febrero. La mujer falleció posteriormente a causa de las lesiones.
"Si, como suele suceder en estos casos, la investigación sobre la agresión queda en manos de las autoridades militares, tanto la comunidad de la que procedía Ernestina Ascencio como los posibles testigos pueden sufrir intimidación, y los responsables pueden no enfrentarse a una investigación y un juicio imparciales e independientes", advirtió Amnistía a través de una acción urgente repartida en la rueda de prensa.
RDC Y DARFUR
En cuanto a la violencia sexual en situaciones de conflicto, el informe llama la atención sobre la República Democrática del Congo (RDC), donde "decenas de miles de mujeres y niñas han sido violadas por fuerzas combatientes desde que comenzó el conflicto en agosto de 1998".
En este país, según Amnistía, "la violación se ha utilizado de forma deliberada y estratégica para atacar los valores fundamentales de la comunidad, aterrorizar y humillar a las personas sospechosas de apoyar a un grupo enemigo y para imponer la supremacía de un grupo sobre otro".
Suárez-Llanos destacó también el caso de la región sudanesa de Darfur, donde "en los últimos meses se ha incrementado el número de violaciones". Al respecto, denunció que entre julio y agosto de 2006, sólo en un campamento de refugiados, el de Kalma, el Comité Internacional de Rescate constató que las violaciones habían pasado de menos de cuatro a 200.
"Pese a la presencia de la fuerza de mantenimiento de la paz enviada por la Unión Africana, las violaciones y otros actos de violencia contra mujeres y niñas no sólo no han disminuido, sino que han aumentado en el 2006", advierte la organización en el informe.
COLOMBIA
Otro país con un conflicto armado interno que se destaca en el informe es Colombia, donde "los paramilitares respaldados por el Ejército y las fuerzas de seguridad han utilizado la violación, la mutilación y la violencia contra las mujeres y las niñas para generar miedo y silenciar a las defensoras de los Derechos Humanos".
"Cuando las supervivientes denuncian los hechos, las autoridades intentan a menudo disuadirlas", y en todo caso, "aunque persistan, no es probable que el caso se investigue de manera completa e independiente", asegura la organización. "Las posibilidades de que se pronuncie una sentencia condenatoria son prácticamente nulas si el presunto autor es miembro de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o un grupo guerrillero", denuncia el informe.
En este contexto, "a pesar de que el Gobierno colombiano reconoció en 2003 que el 36 por ciento de las mujeres desplazadas habían sido forzadas a mantener relaciones sexuales con hombres, la mayoría de las víctimas de violencia sexual a manos de agentes estatales y grupos armados siguen sin obtener justicia ni reparación", asegura Amnistía Internacional.
"Las mujeres no somos un botín de guerra y las mujeres no parimos hijos para la guerra", declaró durante la rueda de prensa la historiadora colombiana Laura Inés Badillo, delegada para Europa de Ruta Pacífica de Mujeres, una asociación creada en 1996 en respuesta a la situación de las mujeres en el conflicto colombiano.
"Las violeciones son crímenes de lesa humanidad cuyo objetivo es intimidar a las poblaciones y doblegar la resistencia y la solidaridad", declaró Badillo. "La violencia sexual es un crimen de guerra que no debe quedar impune", aseveró la activista, quien acusó de estos abusos tanto a las guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y Ejército de Liberación Nacional, ELN) como a los paramilitares y el Ejército y aseguró, en este sentido, que su asociación ejerce la "neutralidad activa" frente a todos los actores del conflicto.
La Ruta Pacífica de Mujeres, que cuenta con 315 organizaciones y grupos de mujeres coordinados en ocho regiones (Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia, Chocó y Cauca) surgió por iniciativa de un grupo de mujeres tras enterarse de que en una aldea de Urabá, en Antuiquia (noroeste), habían sido violadas "el 95 por ciento de las mujeres".