MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Rafael Correa está trabajando intensamente en la elaboración de un borrador de un acuerdo de reciprocidad que presentará próximamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy mediante el cual propone asegurar las prestaciones de salud tanto a los ecuatorianos que se encuentran en territorio español como aquellos españoles que vivan en esa nación sudamericana.
"Para la elaboración del borrador se ha tenido presente que los ciudadanos españoles que se encuentren en territorio ecuatoriano gozarían de los mismos derechos que los nacionales, en sus mismas condiciones, teniendo por lo tanto acceso gratuito a los servicios de salud estatales administrados por el Ministerio de Salud Pública", informa la Embajada de Ecuador en Madrid en un comunicado.
El Gobierno de Correa "observa con preocupación el hecho de que migrantes ecuatorianos en situación irregular puedan perder su tarjeta sanitaria" a partir del 1 de septiembre, cuando entrarán en vigor en España una serie de medidas sanitarias que afectará a miles de extranjeros sin papeles, entre ellos los ecuatorianos que "son uno de los colectivos más numerosos".
En una reunión celebrada el pasado 24 de julio, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, y su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño, acordaron "negociar un acuerdo específico de atención recíproca en materia de salud, dentro de la voluntad compartida de ambos gobiernos en la adopción de medidas para salvaguardar la atención sanitaria de sus ciudadanos".
El objetivo del convenio es poder "garantizar la reciprocidad y la respuesta simétrica de ambos países en la prestación de los servicios de asistencia sanitaria a los ecuatorianos en España y españoles en el Ecuador, sin perjuicio de su condición migratoria", destaca la nota de la legación diplomática.
La semana pasada, la embajadora de Ecuador en Madrid, Aminta Buenaño, se reunió en Quito con la ministra de Salud, Karina Vance, con quien analizó la situación de los inmigrantes en España con respecto a la reforma aprobada por el Ejecutivo de Rajoy.