NUEVA YORK, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Este lunes ha comenzado en el Tribunal Supremo la argumentación sobre la ley de reforma sanitaria impulsada en 2009 por el presidente estadounidense, Barack Obama, considerada inconstitucional por los sectores más conservadores de la élite política norteamericana porque obliga a todos los ciudadanos a tener un seguro médico.
En la primera sesión, prevista para este lunes, los nueve jueces del Supremo deberán en primer lugar decidir si admiten a trámite la denuncia, ya que, en virtud de una ley de 1867, los ciudadanos no pueden dejar de pagar un impuesto sólo porque lo consideren inconstitucional.
En segundo lugar, el tribunal deberá decidir sobre uno de los aspectos más polémicos de la ley, el denominado "mandato individual": la ley sanitaria obliga a todos y cada uno de los ciudadanos a contar con un seguro médico y los costes del sistema se repartan entre el conjunto.
Los detractores consideran que el Gobierno simplemente no tiene competencia para obligarles a comprar algo que ellos no quieren, pero desde Washington contraargumentan que la cuestión no es si un ciudadano va a necesitar asistencia médica, sino cuándo. No hay modo de saber cuándo alguien va a caer enfermo o va a ser atropellado por un autobús.
La tercera consideración para el Supremo es, si la ley supera las dos anteriores, decidir si cada uno de sus artículos es constitucional. El más polémico y a la vez el más popular es el que prohíbe a las aseguradoras cobrar más a las personas con un historial de riesgo.
Quienes están en contra de la ley argumentan que sus artículos y conceptos están tan vinculados entre sí que si uno de ellos es inválido, la ley entera debería anularse.
En cuarto y último lugar, el Supremo deberá opinar sobre el programa de sanidad pública Medicaid, que implica a los diferentes estados en lo que podría ser una violación de sus competencias. Los estados financian el 50 por ciento del coste del programa para cubrir las necesidades de los discapacitados y de las personas con rentas más bajas.
Los estados pueden negarse a aportar este dinero, pero hasta el momento ninguno lo ha hecho, pero con la ampliación de Medicaid se incrementa la cobertura, hasta ahora limitada a colectivos muy concretos como menores, embarazadas o discapacitados.
Durante los tres primeros años de la implantación de la reforma sanitaria será la administración federal la que aporte los fondos, pero los estados aportarán el 10 por ciento hasta 2020 y su cuota irá aumentando progresivamente.
Hasta aquí los debates legales, pero también hay un debate político, ya que decida lo que decida el tribunal, tendrá consecuencias para las elecciones presidenciales de este noviembre, en las que Obama se juega la reelección.
Si el Supremo tumba parte o toda la reforma sanitaria, el principal logro a nivel interno de Obama habrá sido anulado, por lo que no podrá presentarse como un líder fuerte. En cambio, si declara constitucional la ley, proporcionará un argumento más a los republicanos y a los radicales del Tea Party para encender el debate electoral.
Los pronósticos apuntan a que los cuatro jueces del Tribunal Supremo de tendencia liberal apoyarán la ley, ya que en anteriores ocasiones han defendido las competencias del Gobierno para regular la economía, y el sector sanitario supone una sexta parte de la economía estadounidense. Sin embargo, los defensores de la ley deberán convencer a al menos uno de los cinco jueces conservadores para que no sea anulada.