WASHINGTON, 7 May. (Notimérica) -
El Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte decidirá acerca de la extradición a España del exministro de Defensa salvadoreño, Orlando Montano, acusado de colaborar en la matanza de seis jesuitas y dos empleadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, reclama desde 2011 a los militares salvadoreños, entre los cuales se encuentra Montano, por estar presuntamente involucrados en la masacre de la UCA.
El principal motivo por el cual la justicia española solicita al coronel Montano, de 72 años, es la nacionalidad española de las víctimas. A pesar de que El Salvador ya había juzgado a Montano y otros 19 militares, el magistrado español consideró el proceso fraudulento y concluyó que los hechos no fueron correctamente investigados. Por ello, reclama su extradición.
La tramitación de esta decisión supone un precedente muy importante en el Gobierno de Barack Obama y su política de no tolerar en su territorio a personas acusadas de violar los Derechos Humanos.
"Esta deportación envía un mensaje muy importante a El Salvador y al resto del mundo. No vamos a dar asilo a personas que han cometido este tipo de violaciones, aún cuando, por aquel momento, parecía que apoyaban la política de Estados Unidos", declaró el abogado R. Scott Greathead, representante de William Ford, hermano de una de las víctimas de la Fuerza Armada de El Salvador.
El ex militar Montano cuenta con una larga serie de antecedentes en el país estadounidense. Tras cumplir una condena de 21 meses en una prisión de Carolina del Norte, fue sentenciado en 2013 en Massachusetts por fraude y perjurio al mentir sobre su situación migratoria, supuestamente para evitar volver a El Salvador y evitar ser juzgado por sus crímenes.
Tras esto, el pasado 16 de abril, la Corte de Carolina del Norte dictó prisión provisional sin derecho a fianza para propiciar la vista de extradición. De esta manera, en el caso de que el militar salvadoreño fuera extraditado a España, será la justicia de dicho país la que decida acerca de su inocencia o culpabilidad.