PHOENIX (EEUU), 19 Sep. (Reuters/EP) -
La Policía del estado de Arizona puede comenzar a aplicar la controvertida disposición de la ley contra la inmigración que les autoriza a exigir los documentos a aquellas personas que crean que pueden estar de forma ilegal en el país y que ya había sido ratificada por el Tribunal Supremo estadounidense, después de que un juez federal haya levantara este martes un mandato judicial contra la ley.
La juez de distrito Susan Bolton, en una orden escrita, ha levantado el mandato judicial que bloqueaba la medida, que estipula que la Policía compruebe la situación en la que se encuentran las personas que pare y sospeche que están de forma irregular.
La medida forma parte de una ley que busca combatir la inmigración ilegal en Arizona y que fue promulgada en 2010 por la gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, firme detractora de las políticas federales del presidente Barack Obama sobre la cuestión.
Al aprobar la ley, conocida como "SB 1070", Brewer se había quejado de que el Gobierno estadounidense no garantizaba la seguridad en la frontera entre Arizona y México.
"Hoy es el día que hemos estado esperando desde hace más de dos años", ha celebrado Brewer tras conocer la decisión de Bolton, subrayando que no es suficiente con solo aplicar la ley.
"Esta debe ser aplicada de forma eficiente, efectiva y en armonía con la Constitución y los derechos civiles. Tengo plena fe y confianza en que el estado de Arizona y los agentes de seguridad locales están preparados para esta labor", ha añadido en un comunicado.
La medida de pedir los papeles a supuestos inmigrantes ilegales fue una de las varias bloqueadas por Bolton antes de que la ley entrara en vigor en julio de 2010 y había sido objeto de repetidas apelaciones por parte de los grupos de defensa de los derechos civiles, que trataban de impedir que fuera aplicada.
La Administración Obama también llevó la ley de Arizona ante los tribunales hace dos años, argumentando que la Constitución establece que el Gobierno federal es el único con autoridad en materia de política inmigratoria.
El Tribunal Supremo estadounidense ratificó la medida de pedir los papeles el pasado junio, pero eliminó las disposiciones que exigía a los inmigrantes llevar siempre consigo sus documentos, que prohibía a los inmigrantes pedir trabajo en lugares públicos, y que permitía a la Policía detenerles sin una orden si eran sospechosos de delitos que conllevan la deportación. En su decisión de este martes, Bolton ha bloqueado de forma permanente estas tres disposiciones.
REACCIONES
Los detractores de la ley se han quejado de que discrimina a los hispanos, que suponen casi una tercera parte de los 6,5 millones de habitantes de Arizona, y han pedido a la Administración Obama que alivie su impacto.
"El presidente Obama tiene la responsabilidad moral y la autoridad legal para proteger a los ciudadanos de Arizona", ha señalado la National Day Laborer Organizing Network. "Esperamos que hará todo lo que esté en su poder para evitar la discriminación, castigo y sufrimiento que aumentarán (...) con la aplicación de la ley", ha añadido.
La organización ha pedido a Obama que dé instrucciones al Departamento de Seguridad Interior y a la Agencia de Inmigración y Aduanas para que rechacen la deportación de los que considera son "víctimas de la 'SB 1070'".
Omar Jadwat, un fiscal que forma parte del proyecto sobre derechos de los inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), ha considerado que la sentencia "abre la puerta a discriminación racial, a detenciones erróneas y a arrestos, poniendo los derechos civiles de todos en peligro".
"Los recursos de aplicación de la ley se malgastan cuando la gente es objetivo en base al color de su piel y nuestros valores americanos de justicia e igualdad son comprometidos", ha añadido Jadwat en un comunicado.
En la opinión de la mayoría emitida por el Tribunal Supremo, el juez Anthony Kennedy dejó abierta la posibilidad, una vez que la ley entrara en vigor, a recursos constitucionales o de otro tipo contra esta controvertida disposición de la ley de Arizona.
La ACLU ha dicho que recurrirá cualquier discriminación racial que pueda surgir tras la aplicación de la medida.