WASHINGTON, 28 Jun. (EUROA PRESS) -
El Tribunal Supremo estadounidense admitió este lunes a trámite una denuncia presentada por grupos de derechos civiles, asociaciones de inmigrantes e incluso por empresarios contra la Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2007, que sanciona a las empresas y particulares que contraten a trabajadores a sabiendas de que no cuentan con permiso de residencia ni de trabajo. Los demandantes sostienen que la ley de Arizona invade las competencias federales en materia de inmigración, por lo que debería ser derogada.
La normativa que será examinada por el Supremo es distinta a la ley SB-1070, que entró en vigor a finales de abril y que obliga a la Policía a determinar el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país. Sin embargo, lo que decida el Supremo sobre la ley de 2007 podría afectar a las demandas ya presentadas contra la última ley, considerada discriminatoria por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. En mayo la Administración de Barack Obama pidió expresamente al Supremo que admitiera a trámite la demanda por el conflicto de competencias que teóricamente genera.
La LAWA permite anular o suspender las licencias de actividad a las empresas de Arizona como fórmula de penalización por contratar a inmigrantes ilegales. También obliga a los empleadores a utilizar un sistema electrónico de verificación para consultar el estatus legal de los candidatos para un puesto de trabajo en una base de datos conectada al archivo federal.
Entre los demandantes ante el Supremo está la Cámara de Comercio de Arizona, la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, entre otros. Hasta el momento tanto el tribunal federal como el circuito federal de apelaciones han confirmado la legalidad de la ley.
La aprobación de la LAWA en 2007 ha dado nuevos motivos a Obama para impulsar la aprobación de una reforma de la normativa sobre inmigración en el Congreso. Se cree que hay unos 10,8 millones de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos.