MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Entidades de Iglesia han pedido este viernes a los grupos políticos del Congreso de los Diputados que apoyen la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras.
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) señalan en un comunicado que temen que la propuesta respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones ni siquiera llegue a ser debatida en el Congreso.
Por ello, convocan a los partidos políticos con representación parlamentaria a iniciar conjuntamente un "diálogo constructivo", votando a favor de la toma en consideración de la ILP.
Asimismo, las entidades eclesiales recuerdan que han apoyado desde 2021 el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en España. Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una ILP.
Este martes 9 de abril los partidos políticos tienen que decidir si la toman en consideración, o, por el contrario, si la rechazan y ponen fin a su tramitación.
"Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular", destacan las entidades.
Esta ILP se registró en la pasada legislatura y cuyo trámite parlamentario se ha retomado en esta ya que las ILP son las únicas iniciativas que no decaen cuando se disuelven las Cortes.
Los promotores de la ILP defendieron el pasado 12 de marzo en el Congreso la iniciativa que indicaron que "es cuestión de democracia", con apoyo de ERC, Bildu, BNG, PNV y Sumar y el rechazo de PP y Vox. Mientras, el PSOE insistió en que la Unión Europea no permite una regularización generalizada de migrantes.