Alegan que la Justicia española tiene "plena" jurisdicción para enjuiciarle y que Argentina nunca ha pedido su extradición
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La acusación personadas en la causa contra el ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo señalaron hoy que anunciarán en las próximas horas la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente para juzgar a Cavallo por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).
Tanto el abogado Manuel Ollé, que representa a las Madres de Plaza de Mayo y a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, como Carlos Slepoy, que ejerce la acusación en nombre de la Asociación Contra la Tortura y la Confederación Intersindical Gallega, declararon a Europa Press que están en contra del argumento de la Audiencia Nacional de dar prioridad al lugar donde se cometió el delito por encima de cualquier otro criterio, para remitir las actuaciones a Argentina.
Entienden que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el "caso Guatemala" estableció "claramente" que los tribunales españoles tienen "plena" jurisdicción para enjuiciar a Cavallo por los delitos de genocidio y terrorismo, porque son de persecución universal.
El abogado Ollé insistió en que la resolución del alto tribunal, dictada en septiembre de 2005, determinó ya "el principio de concurrencia de jurisdicciones" y estableció la competencia de la Justicia española para juzgar crímenes de lesa humanidad, aunque no hubiese víctimas españolas.
A pesar de que existan causas abiertas contra Cavallo en Argentina, el abogado explicó que los procedimientos se están iniciando, mientras que en España sólo faltaba la fecha de inicio del juicio. En este punto, hizo hincapié en que "todo el mundo tiene derecho a un proceso sin dilaciones tanto las víctimas como el propio Cavallo", cuya causa en España se inició hace 6 años.
Asimismo, el letrado puso de relieve que las autoridades argentinas "ni han solicitado a España su extradición, ni se han manifestado en contra de que sea juzgado en nuestro país". Además, apuntó que la abolición las leyes de punto final y obediencia debida, que permitían la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura, no tiene aún plena efectividad.
COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
Por su parte, el abogado Carlos Slepoy, que representa a varias asociaciones de víctimas, coincidió en señalar que el fallo del Constitucional sobre Guatemala estableció "la igualdad de concurrencia de jurisdicciones". Por ello, se opuso "rotundamente" a la afirmación de que la jurisdicción española "debe ceder" ante la del lugar de comisión del delito, tal y como señala el auto dictado por la Audiencia Nacional.
Asimismo, insistió, al igual que Ollé, en que Argentina nunca ha pedido la extradición del ex militar, que cumple prisión provisional en España desde julio de 2003. También recordó que la vista oral contra Cavallo "estaba en puertas de ser celebrada", puesto que la investigación concluyó y sólo faltaba señalar la fecha de inicio.
A su juicio, resulta "sorprendente y perplejo la iniciativa de la Audiencia Nacional de pedir a otro tribunal --al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12 de Buenos Aires, que investiga estos hechos-- que solicite su extradición". Advierte de que si en el plazo de cuarenta días las autoridades argentinas no solicitan su extradición, Cavallo podría abandonar la prisión.