Actualizado 15/03/2006 13:50

España/Bolivia.- Desarticula en Valencia una organización boliviana dedicada al tráfico de mano de obra clandestina


VALENCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a ocho personas, siete de ellas de nacionalidad boliviana y una española, acusadas de pertenecer a una importante organización de Bolivia que supuestamente se dedicaba al tráfico de mano de obra clandestina hacia España para su explotación laboral. Los agentes han detenido también a otros 15 ciudadanos bolivianos a los que la red había traído a España, donde se encontraban en situación irregular, para aplicarles la ley de extranjería.

Entre los primeros ocho detenidos se encuentran los máximos responsables de esta red, la "más importante" desarticulada hasta el momento en la zona de Levante, que anunciaba en una televisión de Bolivia las "sugestivas" ofertas de empleo legal en España, según informó la Jefatura Superior de Policía en un comunicado. Asimismo, entre ellos se encuentra el gerente de una empresa valenciana de servicios de cesión de trabajadores agrícolas por su presunta cooperación.

Las investigaciones, que han permitido averiguar que unos cien inmigrantes bolivianos han podido ser víctimas directas de la organización, se iniciaron cuando la Policía detectó un "importante incremento" de personas de esta nacionalidad en situación irregular en plena campaña de recolección de la naranja, en la que trabajaban para, en ocasiones, apenas percibir 10 euros al día.

En la operación, denominada Frida, los agentes de la Unidad Contra redes de Inmigración y Falsificaciones de Valencia, en colaboración de efectivos de la Comisaría de Sagunto, detuvieron la pasada semana a estas 23 personas, 22 bolivianas y una española. Entre los detenidos se encuentra un matrimonio procedente de aquel país, de 33 años el marido y 36 la mujer, considerados como presuntos autores de los delitos relativos al favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de mano de obra clandestina y explotación laboral y máximos responsables de la organización.

Además, los policías han detenido a otros cinco ciudadanos de distinto sexo y diferentes edades por su presunta participación en las actividades de la organización así como al gerente de una empresa valenciana de servicios de cesión de trabajadores agrícolas por su presunta cooperación. Durante la operación, los policías también detuvieron a 15 ciudadanos bolivianos en situación irregular, a los que se les aplicó la ley de extranjería.

Según informó la Policía, la captación se hacía en Bolivia canalizada a través de una agencia de viajes que anunciaba en una televisión local de ese país "sugestivas ofertas de empleo legal en España", así como la posibilidad de obtener papeles y un sueldo cercano a los 1.500 euros.

A cambio, los interesados debían abonar una primera cantidad de 2.000 euros por la que recibían un paquete de servicios que incluía el billete de avión y supuestamente el alojamiento, manutención en destino y un puesto de trabajo legal en el sector agrícola. Una vez en Valencia, estas personas debían contactar con los supuestos responsables de la red en la ciudad, quienes debían de facilitarles el resto de servicios contratados.

La Policía añadió que por otros 400 euros suplementarios, la organización les daba una carta de invitación cuya única finalidad era "disfrazar de turistas a los trabajadores, facilitando el cruce de la frontera y obviar de esta manera los requisitos documentales como el visado que, de otro modo, se les exigiría".

REALIDAD DISTINTA

Con estas promesas, los ciudadanos bolivianos empezaban el viaje, podían entrar en España con la carta de invitación fraudulenta y, una vez en Valencia, según la Jefatura, se encontraban con una realidad "totalmente distinta" ya que, al parecer, a alguno de ellos les obligaban a pagar hasta 70 euros por persona y semana por alojarse "hacinados" y dormir sobre colchones en el suelo.

Posteriormente, los ciudadanos descubrían que el trabajo prometido consistía en recoger cítricos en situación irregular, sin seguro médico ni alta en la seguridad y un sueldo que se veían "obligados" a compartir con las personas de la red y que, en ocasiones, apenas llegaba a los 10 euros al día. En el caso de que no aceptaran las condiciones, según la Policía, eran "literalmente puestos en la calle".