CIUDAD DE MÉXICO, 25 May. (Notimérica) -
Ha salido a la luz una lista con los nombres de 36 periodistas mexicanos, y sus empresas, por haber recibido pagos durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por un monto total de casi 1.082 millones de pesos (unos 56 millones de dólares), por concepto de publicidad y gastos de comunicación entre los años 2013 y 2018.
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló el pasado 8 de mayo que contaba con la información de los periodistas que "cobraban por sus servicios en el Gobierno", pero que no la daría a conocer por considerarlo inadecuado.
López Obrador informó que había entregado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el reporte de los periodistas que presuntamente recibían dinero del Gobierno. "No vamos a dar a conocer nombres", agregó. Sin embargo, el documento fue publicado en exclusiva por el diario local 'Reforma'.
Según la lista, el periodista Joaquín López-Dóriga fue quien recibió más dinero, un poco más de 251 millones de pesos (13 millones de dólares), por medio de las empresas Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital Group.
A este le sigue Federico Arreola, cuya empresa, Periódico Digital Sendero, presuntamente obtuvo alrededor de 153 millones de pesos (8 millones de dólares), de los cuales 151 millones eran por publicidad y 1.680.600 por concepto de otros servicios, sin especificar cuáles.
El historiador Enrique Krauze, de la editorial Clío y la revista Letras Libres, figura en el tercer sitio del presunto financiamiento, con un monto de 144 millones de pesos (7,5 millones de dólares).
RESPUESTA DE LOS PERIODISTAS
López Doriga mencionó en su cuentad e Twitter que la filtración y difusión de la lista tenía fines difamatorios y que, por su parte, jamás había recibido fondos públicos.
Por su parte, Krauze expresó en sus redes sociales que la lista dada a conocer es "muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe", por lo que la calificó como "otro ataque a la libertad de expresión".
Raymundo Riva Palacio, conductor de Televisa, señaló que eran "calumnias y difamaciones", pues los contratos se encontraban dentro del marco de la ley y fueron pagos por rubros publicitarios.