Ramón Ledesma, socio de Impulso by Pons - IMPULSO BY PONS
MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El futuro de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España apunta a "más gestión inteligente" frente a la prohibición "indiscriminada": "ZBE más precisas, más controladas, más conectadas con el transporte público y, en algunas ciudades, combinadas con instrumentos de precio como peajes urbanos muy selectivos (por horarios de accesos masivos, por ejemplo) o fiscalidad del uso".
Así lo explica en una entrevista concedida a Europa Press Ramón Ledesma, socio de Impulso by Pons y experto en movilidad, regulación y seguridad vial tras las eliminación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) para vehículos contaminantes en Francia.
En la actualidad, según detalla Ledesma, la Unión Europea "impone obligaciones jurídicas reales en materia de calidad del aire y emisiones, pero no establece una obligación general de implantar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades".
"Lo que Bruselas exige es cumplir resultados", indica el experto, que añade que la nueva Directiva europea de calidad del aire, en vigor desde el 10 de diciembre de 2024, endurece los límites para 2030 y "obliga a los Estados a medir, planificar y adoptar medidas eficaces cuando haya superaciones". De hecho, Ledesma destaca que "reduce en más de la mitad el valor límite anual de PM2,5 y refuerza los planes de calidad del aire".
En paralelo, el experto recuerda que la normativa Euro 7, aprobada en 2024, empezará a aplicarse a nuevos tipos de turismos y furgonetas desde el 29 de noviembre de 2026 e incorpora no solo emisiones de escape, sino también frenos, neumáticos y durabilidad.
"La UE no dice 'haga usted una ZBE', pero sí obliga a que, si el tráfico es una de las causas principales del incumplimiento, las administraciones adopten restricciones eficaces, sean ZBE u otras medidas de gestión del tráfico", explica Ramón Ledesma.
Preguntado sobre si el marco jurídico en España deja margen para un giro político como el de Francia, el experto asegura a Europa Press que "los procesos de cambio para mejora de las políticas publicas llevan tiempo". "No puedes cambiar de la noche a la mañana un entorno porque lo diga una Ley. Nos falta cultura de buen gobierno y largo plazo. Mucha más pedagogía y, por supuesto, rematar con la Ley", comenta.
"IMPONER RÁPIDO TRAE PROBLEMAS"
En este sentido, Ramón Ledesma advierte de que "imponer rápido trae problemas" y, a su juicio, en España los ha tenido. "De la noche a la mañana no podemos prohibir a determinados vehículos que dejen de existir. Un ejemplo: cuando se obligó a los vehículos a contar con cinturones de seguridad traseros, no se mandó al desguace al que no los tenía. Aún hoy siguen existiendo", reflexiona.
De este modo, el experto subraya que en el caso de las ZBE el objetivo era "restringir los tráficos privados generales, y aumentar los desplazamientos colectivos o los saludables". "No prohibir unos coches sí y otros no", incide, para después añadir que la "brusquedad" normativa ha motivado el debate político y jurídico, y "esto está trayendo problemas también en España".
Respecto a qué palancas legales tendría un gobierno o Parlamento que quisiera desactivar las ZBE en España y qué límites le pondrían Bruselas y los compromisos climáticos ya asumidos, advierte de que "España podría rebajar o redefinir las ZBE reformando la ley, el reglamento o su aplicación práctica, pero no puede eludir las obligaciones europeas de calidad del aire ni los compromisos climáticos".
"Si desaparecen las ZBE, tendrán que existir medidas equivalentes que garanticen el cumplimiento de los límites de contaminación; de lo contrario, el riesgo es de infracción europea", avisa Ramón Ledesma.
ZBE: "BASTANTE EFICACES"
Para el experto en movilidad, las ZBE son "bastante eficaces" para limpiar el aire y retirar los vehículos más contaminantes, pero "por sí solas no siempre resuelven la congestión ni garantizan un gran trasvase modal". "Cuando mejor funcionan es cuando forman parte de un paquete: buen transporte público, aparcamiento regulado, control real, distribución urbana de mercancías y más espacio para caminar y pedalear", especifica.
Ledesma cree que si España siguiera el camino francés y vaciara de contenido sus ZBE, "perdería capacidad de reducir contaminación donde más daño hace: en las calles con más tráfico y más población expuesta". "Eso se traduciría en peor calidad del aire, más coste sanitario y menos capacidad para cumplir los objetivos climáticos y europeos ya asumidos", indica.
Por último, el experto incide en que el caso francés está enviando "una señal política de repliegue, pero incluso allí el propio debate parlamentario ha reconocido que una supresión amplia de las ZBE tendría un coste sanitario y ambiental, y que su encaje jurídico final sigue siendo delicado".