Publicado 18/03/2019 21:44

Un general venezolano sancionado por EEUU pide asilo en Colombia, según fuentes

Militares venezolanos (archivo)
REUTERS / CARLOS JASSO - Archivo

   CARACAS, 18 Mar. (Reuters/EP) -

   El general del Ejército de Venezuela Carlos Rotondaro, uno de los altos cargos sancionados por Estados Unidos en el marco de la crisis política y humanitaria que sufre la nación caribeña, ha solicitado asilo en Colombia, según han informado este lunes a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

   Rotondaro fue sancionado por el Departamento del Tesoro por su gestión como presidente del Instituto Venezolano del Seguro Social de un programa estatal de medicinas. Dejó el cargo hace un par de años y hace unos días pidió asilo en Colombia.

   Desde el pasado 23 de enero, cuando el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, cientos de funcionarios han cruzado la frontera hacia el país vecino. El Ministerio de Exteriores de Colombia informó el domingo de que ya son cerca de 1.000 los militares venezolanos que han desertado.

   Las autoridades colombianas han indicado que "han hecho entrega de su armamento y uniformes, que se encuentran bajo custodia de la Fuerza Pública colombiana", y tanto ellos como sus familias han recibido atención básica en salud, apoyo legal, alojamiento transitorio y alimentación.

   Guaidó ha enviado este lunes una nota oficial al ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en la que le informa de que ha designado a dos personas --Kevin Rojas y Rossana Barrera-- para que atiendan a los militares y civiles en la frontera, según informa el diario venezolano 'El Nacional'.

   El mandatario interino ha realizado numerosos llamamientos a los militares venezolanos para que dejen caer al Gobierno de Maduro, al que considera ilegítimo, con el propósito de dar paso a una transición pacífica que desemboque en elecciones anticipadas.

   La crisis venezolana se agudizó el 10 de enero a raíz de la decisión de Maduro de iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.