BOGOTÁ, 31 Jul. (Notimérica) -
El consejero presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Guillermo Rivera, propuso ante la Corte Constitucional una "figura transitoria mientras el Congreso legisla" para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Las declaraciones se han producido en el marco de la audiencia pública sobre el matrimonio homosexual que tuvo lugar este jueves en la Corte Constitucional de Colombia por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt. Mediante este histórico acontecimiento, múltiples sectores pudieron discutir la posibilidad de que se avale el matrimonio entre parejas gays en el país latinoamericano.
El magistrado Pretelt advirtió que en Colombia no se pueden realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo sino "uniones solemnes", como lo determinó la Corte Constitucional en una sentencia de 2011, por lo que exhortó al Congreso de la República a reformar el Código Civil para acabar con la polémica.
La audiencia ha permitido escuchar a voces diversas desde integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexueales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno nacional.
La solicitud de Rivera "trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo" y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo.
De aprobarse la propuesta, explicó, "cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual".
VOCES A FAVOR
Yesid Reyes, ministro de Justicia, también se mostró favorable a la petición y solicitó a la Corte que apruebe un contrato marital solemne y formal para las parejas del mismo sexo mientras el Congreso regula el tema, según recoge Colprensa.
"No existe ningún motivo que en este caso justifique un trato diferenciado entre las parejas heterosexuales y las homosexuales; desde el punto de vista estrictamente jurídico ambas constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común, con vocación de permanencia y basado en el afecto, el respeto y la solidaridad. Tanto las uniones homosexuales como las heterosexuales deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social", afirmó.
La Defensoría del Pueblo reiteró su apoyo al matrimonio igualitario, e insistió que la Corte sí debe definir el tema ya que el contrato innominado que ahora se aplica "sigue alimentando prejuicios contra la comunidad Lgtbi".
En la audiencia pública, Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, afirmó que la decisión que tome la Corte "es una oportunidad trascendental para la superación que los prejuicios que han afectado a la población Lgtbi". Destacó que esos prejuicios generan violencia y que la Corte debe pensar en cómo eliminarlos de la sociedad.
"El matrimonio es una institución que así como hoy discrimina a las personas del mismo sexo, discriminó a las mujeres, a los indígenas, a los pobres y otros grupos", por eso se debe aprobar, argumentó.
Por último, Auro Fraser, delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hizo un recuento de los avances que se han hecho a nivel internacional para garantizar los derechos de las personas Lgtbi e hizo un llamado para que los magistrados sigan en ese camino.
"En este caso analizamos un mayor reconocimiento de las parejas del mismo sexo en más países, sumado a reconocimientos además, de las reformas y tratados de derechos humanos que llevan a resaltar la importancia de que se adopten medidas en el contexto de la protección legal de los derechos de las parejas del mismo sexo hasta el nivel en el que se encuentran las parejas homosexuales", expresó el delegado.
VOCES EN CONTRA
Sin embargo, no todas las voces fueron a favor de la propuesta. La Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, afirmó que la Constitución no señala, "en ningún momento, que los homosexuales tengan derecho a casarse". Por lo que para Castañeda avalar estas uniones sería como concluir que "el hombre y la mujer son idénticos y pueden sustituirse el uno al otro".
Igualmente sostuvo que es el Congreso y no la Corte el que debe definir esta controversia. "En nuestro humilde juicio, a la Corte le está vedado suplir una omisión legislativa", dijo la viceprocuradora.