GUATEMALA, 4 Abr. (Notimérica) -
Líderes indígenas y representantes de gobierno de veinte países iberoamericanos se reunirán a partir de este miércoles y hasta el viernes para aprobar el Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya defensa tendrá lugar por primera vez en la XXVI Cumbre Iberoamericana, cuya celebración será en Guatemala el 15 y 16 de noviembre de 2018.
Más de 150 líderes indígenas, ministros de Estado, representantes de gobiernos, miembros de agencias de Naciones Unidas y expertos de organismos internacionales se congregarán en el Centro Iberoamericano de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala (Guatemala) en el Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas donde se introducirán cuestiones como la participación, las problemáticas y los aportes indígenas al proceso iberoamericano.
El evento, organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) --con el apoyo de, entre otros, la Cancillería de Guatemala ejerciendo como Secretaría Pro Témpore de la XXVI Cumbre Iberoamericana-- tiene como último fin aprobar dicho plan de acción, que se presentará en la próxima Cumbre Iberoaméricana, la cual posee como lema 'Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible'.
Previamente, la resolución del documento se llevará a cabo mediante el debate de temáticas como la participación, problemáticas y aportes indígenas al proceso iberoamericano, tratando con ello de formular un posicionamiento del conjunto. Asimismo, este espacio de diálogo tiene prevista la aprobación de la Iniciativa de Cooperación Sur-Sur para los Pueblos Indígenas de Iberoamérica y la Declaración Iberoamericana de Pueblos Indígenas.
Todo ello requerirá de la valoración de la actual situación de dichas comunidades en la región iberoamericana; de la responsabilidad empresarial, siendo especialmente importante este punto con respecto al incremento de muertes de líderes sociales y ecologistas en Centroamérica; y del diálogo, indispensable, entre los Pueblos Indígenas y Gobiernos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2015 por la Asamblea General de la ONU.
NECESIDAD DE CONSENSO
Y es que, tal y como se justificó la ONU en 2015 con la firma de la también llamada Agenda 2030, la finalidad es "hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los ODS y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental".
Trabajar en procesos de consenso y articulación de acciones que permitan sumar esfuerzos nacionales, regionales y globales en favor de la concrección de los derechos humanos en general y de los derechos de los pueblos indígenas en general es de suma importancia.
Los pueblos indígenas presentan una diversidad de realidades territoriales y demográficas, así como diferentes estatus sociopolíticos en los países donde se asientan, que se relaciona tanto por su peso demográfico como por su poder político. Asimismo, los Estados tampoco tienen una política idéntica para los pueblos indígenas.
Sin embargo, los integrantes de dichas comunidades --en particular las mujeres y los jóvenes-- son receptores de discriminación estructural, marginalidad, exclusión y pobreza generalizada. De hecho, se ubican dentro de los quintiles máspobres de cada país, especialmente debido a las transformaciones económicas y sociales de las últimas décadas y los procesos de globalización, que han agravado las brechas con los otros sectores sociales.
Así, a pesar de los avances en diferentes ámbitos que se han realizado en América Latina en las últimas décadas con respecto a la población indígena, persisten serios desafíos para la vigencia y disfrute pleno de los mismos derechos. Especial desafío es el relativo con el derecho y elección del significado del Buen Vivir - Vivir Bien, así como de lo referente a la protección efectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.
La imposición, muchas veces inconsulta y sin participación en los beneficios de proyectos de inversión extractivos o de infraestructura promovidos por los Estados por parte de las comunidades indígenas, supone una problemática social que ha llevado a situaciones de violencia y peligrosidad.
