El jurista español ha procesado a varios altos cargos guatemaltecos, entre ellos el ex presidente Alfonso Portillo
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El magistrado español Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), solicitó este martes a Naciones Unidas que amplíe y fortalezca su mandato para acabar con la corrupción y el crimen organizado en el país centroamericano, informó la ONU en un comunicado.
En diciembre de 2006 el Gobierno de Guatemala y la ONU acordaron establecer la Cicig como organismo de apoyo a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a otras instituciones guatemaltecas con el objetivo de investigar un número limitado de casos relacionados con el surgimiento de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales, muchas de las cuales han sido desmanteladas desde que la comisión comenzase a operar, en 2008.
"Creo que el mandato no es lo suficientemente amplio", indicó Castresana en una rueda de prensa en la sede de la ONU. "Hay otras cuestiones como el crimen organizado y la corrupción que no están suficientemente recogidas en el propio mandato y que deben ser reforzadas", agregó.
Según el mandato de la Cicg, vigente hasta dentro de un año y medio, el organismo dirigido por el juez español debería dotar a las instituciones guatemaltecas de la fortaleza necesaria para enfrentarse a posibles grupos criminales que surjan en el futuro.
Castresana viajó a Nueva York como parte de una delegación formada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú o el ex presidente guatemalteco Eduardo Stein (2004-2008) y que tenía como objetivos los de realizar una evaluación de los éxitos alcanzados por la Cicg y solicitar una ampliación del mandato de esta institución.
"Estamos convencidos de que necesitamos más tiempo, más formación y más experiencias compartidas; el proceso de fortalecimiento de las instituciones necesita más tiempo", señaló Stein. "Hay luz al final del túnel. Los asombrosos resultados alcanzados en apenas dos años muestran que efectivamente hay buena gente en nuestras instituciones públicas y en nuestra sociedad, y que pueden trabajar juntos. Pero para eso necesitan mayor formación y mejores herramientas presupuestarias", agregó el ex presidente guatemalteco.
"Estamos lidiando con una formidable lucha, una lucha colosal para salvar a nuestras instituciones del secuestro de esas fuerzas oscuras", apostilló Stein.
VARIOS ALTOS CARGOS Y MILES DE POLICÍAS INVESTIGADOS
Guatemala ha estado acuciada por una larga historia de impunidad, especialmente durante las represivas y brutales dictaduras de los sesenta y los ochenta, señaló Castresana, quien defendió que desde el inicio de su mandato ha destituido por corrupción a más de 2.000 agentes de Policía --un 15 por ciento de las fuerzas de seguridad del país--, un fiscal general, diez fiscales y tres jueces de la Corte Suprema.
"Hemos enviado a la cárcel a 130 personas, el tipo de gente que nunca habría sido procesada antes en Guatemala, entre ellos un antiguo presidente (Alfonso Portillo), un ministro de Defensa, un ministro de Finanzas y dos directores de la Policía Nacional", recalcó el magistrado español. Todo eso sólo ha sido posible porque la comisión ha sido capaz de identificar policías, fiscales y actores responsables y comprometidos "que nos están ayudando a cumplir nuestro mandato de cambiar el país", añadió.
Castresana destacó que antes era el propio Estado guatemalteco quien solía violar los Derechos Humanos, pero que ahora son agentes no estatales de dimensiones internacionales quienes atentan contra los derechos más fundamentales de la población de Guatemala. "Estamos en una región en la que las amenazas son claramente transnacionales y las respuestas deben ser transnacionales también", dijo el magistrado, quien solicitó un mayor apoyo de la comunidad internacional para detener a las organizaciones dedicadas al crimen organizado.