CIUDAD DE GUATEMALA, 1 May. (Notimex/Notimérica) -
Guatemala, considerado uno de los países más peligrosos de la región centroamericana al registrar alrededor de 17 muertes violentas por día, pretende reducir las cifras de criminalidad y buscarla paz en el país con una nueva estrategia de seguridad nacional.
El Ministerio Público guatemalteco, institución responsable de la persecución del crimen, ha elaborado la denominada Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035.
Esta nueva política tiene como fin reducir los índices de criminalidad y violencia social, y que las autoridades guatemaltecas --Ejecutivo, Judicial y Legislativo-- asuman la nueva iniciativa de seguridad nacional con acciones que serán impulsadas a lo largo de los próximos 20 años.
La Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 tiene el objetivo de combatir el crimen mediante acciones centradas en la prevención, investigación, sanción y reinserción social.
De esta manera, se establece la prevención del delito, una investigación centralizada, científica, articulada, estratégica y efectiva de los hechos que más impacto y regularidad social presentan.
Además, está orientada a "potenciar el fin resocializador y rehabilitador de la pena, la búsqueda de mecanismos alternativos de solución de conflictos y asegurar la reinserción social" de las personas sancionadas por el sistema penal.
La nueva estrategia de seguridad propuesta por el ministerio fue avalada por el presidente, Jimmy Morales, quien asumió el cargo el pasado 14 de enero pasado.
El documento fue elaborado a partir de consultas con los principales sectores sociales, religiosos, empresariales, institucionales y autoridades de los pueblos indígenas, entre otros.
De acuerdo con las autoridades, la nueva política de seguridad "tiene como función esencial la creación de las estrategias interinstitucionales para el abordaje articulado de los hechos y fenómenos criminales priorizados".
"Se pretende enfrentar la criminalidad y la violencia bajo el paradigma de la seguridad ciudadana", por lo que es una política "inclusiva".
En consecuencia, busca "atender también las particularidades de las poblaciones vulnerabilizadas, con perspectiva de género, pertinencia cultural y lingüística, enfoque victimológico y consideración particular del derecho indígena".
Las autoridades afirmaron que "la presente política constituye un insumo de primer orden para fortalecer la acción del Estado en favor" del bien común, el desarrollo humano, la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia.
El presidente Morales, la jefa del Ministerio Público y de la Fiscalía General, Thelma Aldana, así como los titulares del Legislativo, Mario Taracena, y del Judicial, Ranulfo Rojas, ratificaron el compromiso con la iniciativa.
"Una política criminal democrática inclusiva, preventiva y eficaz es posible. Solo se requiere nuestro esfuerzo conjunto, asumamos el compromiso, por nuestros hijos e hijas, por el país que queremos", dijo la fiscal Aldana en la presentación de la nueva política de seguridad.