Actualizado 25/01/2010 20:34

Haití.- Las autoridades haitianas podrían comenzar esta semana a reubicar a casi medio millón de personas sin hogar


PUERTO PRÍNCIPE, 25 Ene. (Reuters/EP) -

Las autoridades haitianas podrían comenzar esta semana a reubicar a casi medio millón de personas que se han quedado sin hogar en Puerto Príncipe a causa del terremoto del pasado 12 de enero, según anunció hoy lunes el Gobierno.

El objetivo es trasladar a al menos 400.000 supervivientes --que ahora están repartidos en más de 400 campamentos improvisados en la capital-- a refugios temporales, que inicialmente también serían campamentos, fuera de Puerto Príncipe.

"Tenemos que evacuar las calles y reubicar a la gente. Es lo más importante para nosotros", declaró a la agencia Reuters la ministra de Comunicaciones, Marie Laurence Jocelyn Lassègue. "Esperamos poder empezar a finales de esta semana", precisó.

El ministro de Sanidad, Alex Larsen, indicó que un millón de personas que vivían en la zona de Puerto Príncipe han tenido que desplazarse. El Gobierno tiene tiendas de campaña para albergar a 400.000 personas en los nuevos asentamientos temporales, pero necesitará más.

La organización Oxfam Internacional pidió hoy en un comunicado que los nuevos campamentos creados por el Gobierno haitiano para los desplazados sean temporales y que se trabaje en la "reconstrucción urgente" de las viviendas de esas personas para que puedan volver lo antes posible a sus hogares.

"El objetivo es que la gente vuelva a hogares seguros tan pronto como sea posible. Aunque es más fácil proveer de agua, letrinas, alimentos y refugio en un campamento organizado que en los espacios abiertos y los terrenos alrededor de las iglesias donde las personas se han refugiado, no podemos perder de vista la necesidad de viviendas permanentes para estas personas y la responsabilidad del Gobierno para coordinar las labores de reconstrucción", subrayó la coordinadora de Acción Humanitaria de Intermón Oxfam (la rama española de la ONG), Elena Sgorbati.

Sgorbati recordó que no se puede obligar a nadie a mudarse a esos campamentos, que en ellos debe garantizarse la seguridad y que sus residentes deben disponer de los servicios públicos básicos, como el acceso a puestos de trabajo, escuelas y tiendas. "Por último, debe haber una estrategia de salida clara. Los campamentos no deben convertirse en almacenes de personas que esperan un hogar permanente que nunca llegará", añadió.