CIUDAD DE MÉXICO, 9 May. (Notimérica) -
La Interpol ha comenzado la búsqueda del exgobernador mexicano del estado de Puebla Mario Marín, quien se ha dado a la fuga después de que la Justicia mexicana ordenara su arresto por el delito de tortura a la periodista Lydia Cacho.
En el año 2005, la también defensora de los Derechos Humanos publicó el libro 'Los Demonios del Edén' que sacó a la luz una red de pornografía infantil y lavado de dinero en el estado de Quintana Roo. En dicha organización criminal estaban involucrados 19 funcionarios públicos, así como empresarios internacionales, según la investigación de Cacho.
Tras nueve meses a la venta, diez presuntos policías de dicho estado mexicano detuvieron ilegalmente a la periodista, comenzando aquí una ola de torturas psicológicas, acosos sexuales y amenazas de muerte hacia su persona.
Cacho fue trasladada en el momento del arresto hasta el centro del país. Al trayecto de 20 horas, le siguió una semana en prisión, acusada de difamación por el contenido de la que entonces era su última publicación.
Bastaron pocas semanas para que México amaneciera escuchando una conversación filtrada por el diario mexicano 'La Jornada' entre Marín y el empresario libanés Kamel Nacif --que también está siendo buscado por la Policía Criminal--, que confirmaba la autoría del crimen.
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
Los mensajes intercambiados entre los dos acusados revelaron que el entonces gobernador había consentido el crimen contra la periodista, así como su entrada en prisión.
Sin embargo, en aquel momento, Marín quedó impune desvinculándose de cualquier tipo de responsabilidad sobre los acosos. Tal fue así, que de la conversación solo pareció recordarse el apodo de 'gober precioso', con el que el empresario interpeló al político.
PRIMERAS RESPUESTAS
La Justicia Internacional no comenzó a movilizarse a favor de la periodista hasta agosto de 2018, cuando el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la violación de derechos humanos hacia la periodista.
Por otra parte, el organismo emitió una resolución contra el Estado de México que exigía a este la reparación integral de los daños, así como el procesamiento de los responsables y la derogación de los códigos penales los delitos de difamación y calumnias.
Durante estos trece años tratando de hacer justicia por su causa, la periodista ha vivido desprotegida hasta el último día de mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, el pasado 30 de noviembre, cuando el Gobierno mexicano reconoció por primera vez que su vida corre peligro. Desde dicha fecha, Cacho se encuentra bajo custodia de escoltas armados y cuenta con un chaleco antibalas.
Este avance en materia legal ha significado un impulso para la lucha de la periodista. Ahora la periodista llama a la comunidad internacional a imaginar qué ocurre con las incontables víctimas de secuestros, pornografía infantil y femcidio que no tienen la capacidad para llegar a la esfera pública y denunciar sus historias.