Actualizado 20/01/2010 21:35 CET

Honduras.- CIDH denuncia que en Honduras se han producido "graves violaciones" a los DDHH tras el golpe de Estado

La comisión alerta de que "miles" de detenidos fueron víctimas de "tratos crueles" y hasta de tortura

WASHINGTON, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles que en Honduras se han "producido graves violaciones a los Derechos Humanos" tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, y constata "graves vulneraciones a los derechos políticos", así como el uso "desproporcionado de la fuerza" por parte del Ejército contra manifestaciones.

El CIDH divulgó un informe elaborado a partir de una visita realizada a Honduras entre el 17 y 21 de agosto del año pasado, para analizar la situación de los Derechos Humanos en ese país después del golpe de Estado en la que constató "la ineficacia de los recursos judiciales para proteger" los derechos de los ciudadanos.

El documento da cuenta de unas siete muertes "como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza" por parte de los uniformados "para reprimir manifestaciones públicas", sin que hasta la fecha se observe que "las investigaciones internas presenten avances sustanciales en cuanto a la identificación y sanción de los responsables".

Entre las violaciones cometidas la CIDH menciona la declaración arbitraria del estado de excepción, criminalización de la protesta social, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión, militarización del territorios y graves vulneraciones a los derechos políticos, entre otras.

La comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), considera que estas violaciones "son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional" en ese país que desde hace casi siete meses está siendo gobernado por autoridades 'de facto'.

El CIDH advierte de que el Gobierno interino y la Corte Suprema de Justicia "niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune".

TORTURAS

En el informe la CIDH denuncia las "detenciones arbitrarias de miles de personas", entre ellas, opositores al Gobierno interino, que implicó además "el sometimiento de miles de ellas a tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso a tortura". Las agresiones tuvieron "impacto diferenciado en las mujeres, quienes en muchos casos fueron objeto de violencia sexual".

Los arrestos denunciados "no contaron con orden de autoridad competente" sin que los detenidos hayan sido puestos a disposición de un juez que "pudiera revisar la legalidad de la detención", pues tampoco se les leyó sus derechos mientras estuvieron recluidos.

La mayor parte de estas detenciones no fueron registrados limitando la posibilidad de presentar "recursos de 'habeas corpus'" y facilitando las "violaciones a la integridad física, psíquica y moral" de las víctimas.

Todas esta violaciones a los Derechos Humanos "se vieron exacerbadas por la falta de una institucionalidad que permita canalizar las denuncias, investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas".

RESTRICCIONES

La CIDH constató "graves vulneraciones a los derechos políticos, tales como el derecho a la participación política y el derecho a ejercer funciones públicas", siendo víctimas de "represalias" y "objeto de violencia" algunos "ministros, gobernadores, diputados y alcaldes".

El informe señala que se implementaron "restricciones de hecho y de derecho a la actividad de los partidos políticos, grupos y líderes de la oposición al Gobierno 'de facto'", destacando especialmente "los hostigamientos y la campaña de desprestigio" denunciada por la familia de Zelaya.

Por último, la comisión ha considerado que "el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los Derechos Humanos de todos los habitantes de ese país".