MADRID, 16 Nov. (Notimérica) -
Este domingo se conmemora el 25 aniversario de la matanza de seis jesuitas y dos empleadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en El Salvador, a manos de la Fuerza Armada salvadoreña.
Las víctimas, conocidas como los mártires de la UCA, fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989 por un grupo del batallón Atlacatl -uno de los batallones de infantería de reacción inmediata (BIRI) del Ejército Salvadoreño- de la Fuerza Armada de El Salvador.
El pelotón respondía a órdenes del coronel René Emilio Ponce, quien posteriormente fue acusado de crímenes contra la humanidad, terrorismo y encubrimiento de asesinato por su actuación en este suceso.
Sin embargo, los responsables del crimen crearon señales y pruebas falsas para simular que los delitos habían sido perpretrados por la guerrilla.
Los militares salvadoreños consideraban que los padres jesuitas eran sospechosos de sustentar la Teología de la Liberación -corriente teológica que nació a la vez en el seno de la Iglesia católica en Latinoamérica tras el Concilio Vaticano II y en algunas iglesias protestantes-, por lo que creían que estarían aliados con la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y, de esta forma, eran subversivos también.
INDIGNACIÓN MUNDIAL
La matanza desató una ola de indignación en todo el mundo, e incrementó las presiones de la comunidad internacional para que el Gobierno de El Salvador y la guerrilla iniciaran un diálogo de paz para poner fin a la Guerra Civil del país.
En 1989, año de la masacre, un exmiembro del Ejército salvadoreño relacionó al por entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, con la muerte de los seis jesuitas y sus dos empleadas.
Dos décadas después, el 16 de noviembre de 2009, el Gobierno salvadoreño dirigido por Mauricio Funes rindió homenaje a los seis sacerdotes, en presencia de familiares y amigos de las víctimas.
Asimismo, la Audiencia Nacional de España informó en el mismo año que se haría cargo de la investigación del asesinato de los religiosos, cinco de ellos españoles.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó una demanda en noviembre de 2008, en la que acusaba a 14 militares salvadoreños de ser los responsables del crimen, una denuncia que también incluía a Cristiani. La Audiencia Nacional decidió entonces iniciar la investigación correspondiente.
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