Iberoamérica.-Brasil y Chile defienden adoptar políticas públicas para facilitar acceso a Justicia de más desfavorecidos

Actualizado 29/09/2006 1:45:10 CET

La Conferencia de Ministros de Justicia acuerda crear una base de datos sobre reformas del poder judicial en los distintos países.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA(Gran Canaria), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Brasil y Chile en el XV Conferencia de Ministros Iberoamericanos, que fue inaugurada hoy en Gran Canaria, expusieron hoy la necesidad de dar prioridad a las políticas públicas que faciliten el acceso a la justicia de los más desfavorecidos.

La subsecretaria de Estado de Justicia chilena, Verónica Barahona, expuso al resto de conferenciantes las conclusiones del I Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia, en el que se reconoció este derecho como clave para fortalecer los gobiernos democráticos y el Estado de Derecho. Explicó que en su país existe una corporación de asistencia jurídica que conforman abogados en prácticas supervisados por otros letrados.

Los participantes acordaron la puesta en marcha de un Plan de Acción conjunto para salvar los obstáculos económicos, sociales y culturales que excluyen a un gran número de ciudadanos de la actividad jurídica. Este plan recoge el reconocimiento y defensa de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a erradicar prácticas discriminatorias contra la mujer.

JUSTICIA INDÍGENA.

Durante su ponencia, el secretario de Estado de Justicia de Brasil, Paolo Cruz, trató la conveniencia de rescatar las formas indígenas de administrar justicia que están muy arraigadas en estas poblaciones, abogando por lograr un consenso entre éstas y el Derecho Formal. Esta "justicia de paz" es importante y efectiva por su capacidad en la resolución de conflictos, y goza además de lalegitimidad de ser ejercida por persons elegidas directamente en las poblaciones en las que actúan.

Esta justicia indígena está muy arraigada en zonas de la Región Andina, México y Centroamérica, según destacó Cruz, y recogen el cúmulo de la cultura de estos pueblos originarios del continente americano, si bien en ocasiones sus prácticas pueden colisionar con normas de Derecho formal en cada uno de sus países.

Ante esta realidad, los conferenciantes abogan por alcanzar consensos con el Estado para evitar estar contradicciones sin renunciar a las ventajas de estas formas tradicionales de justicia.

Finalmente Cruz indicó en rueda de prensa que los conferenciantes han acordado crear un banco de datos que incluya información sobre las reformas en materia de administración de justicia que emprenden los diferentes países de la comunidad iberoamericana, con el fin de asesorar a aquellos gobiernos que inicien un proceso de este tipo en sus países. Se parte de la base de que, pese a sus peculiaridades, los Estados comparten problemas comunes en la aplicación de la Justicia, como es la dilación de los procedimientos y la justicia gratuita.

ESTATUTO DE VÍCTIMAS.

Durante la sesión de la tarde, la delegación mexicana defendió la necesidad de proporcionar a las víctimas de los delitos un estatuto jurídico autónomo dentro de la legislación de los Estados.

En este sentido, el modelo español se presentó como uno de los más avanzados, destacando la especial sensibiidad que distingue a la legislación española en lo referente a las víctimas del terrorismo.