MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Venezuela, Cuba, Colombia, Honduras y Haití fueron los países que requirieron mayor atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 2009, según recoge el informe anual de este organismo que fue presentado este jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe anual de dicho organismo recoge todas las actividades desarrolladas por la CIDH en respuesta a las denuncias y peticiones de los países miembros que, en el último ejercicio, fueron motivadas principalmente por Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, debido a la situación de los Derechos Humanos en estos países.
Respecto a Venezuela, el estudio analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de "una efectiva separación e independencia de los poderes del Estado" debido a la influencia de su presidente, Hugo Chávez, en toda la esfera pública, lo que ha generado una situación de desprotección para los opositores con detenciones arbitrarias de los mismos.
"En Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política", reza el documento.
En consecuencia, la CIDH denuncia la existencia de normas jurídicas que "que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones drásticas" facilitando la apertura de procesos judiciales contra activistas, periodistas y opositores que ven vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
En concreto, el informe señala la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia contra los informadores, los defensores de derechos humanos y los sindicalistas, lo que, a juicio de la comisión "ha contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y a la democracia en Venezuela".
En lo referente a Cuba, la CIDH manifestó su preocupación por la situación de los derechos relacionados con la libertad de expresión, las garantías judiciales, la residencia y el tránsito, así como por la detención de opositores al régimen liderado por Raúl Castro, entre los que se incluyen defensores de los derechos y las libertades fundamentales.
Además, el organismo regional reiteró su rechazo al embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba al considerar que repercute significativamente en la calidad de vida de la población. Sin embargo, el texto subraya que esta eventual apoyo a la isla no debe interpretarse por sus dirigentes como un respaldo incondicional al régimen que "debe cumplir con sus obligaciones internacionales y cesar en las violaciones a la Declaración Americana".
En cuanto a Colombia, el documento recoge las actuaciones articuladas desde el organismo para mitigar el impacto del conflicto interno que vive el país desde hace más de medio siglo debido al enfrentamiento de guerrillas y grupos paramilitares con el Ejército. En concreto, destaca la colaboración de países como Estados Unidos para extraditar a los líderes de estos grupos armados ilegales, acusados de violar "de forma persistente" los Derechos Humanos.
Sobre Honduras, el informe señala que el golpe de Estado que el pasado 28 de junio derrocó al Gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya para instituir un régimen interino liderado por Roberto Micheletti, aumentó el número de violaciones a los Derechos Humanos. Por ello, la CIDH considera que el retorno a la normalidad democrática en el país centroamericano es fundamental para garantizar la protección a sus habitantes.
Entre los ataques más graves contra los Derechos Humanos durante los siete meses que duró la crisis política hondureña, el organismo destaca "la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias de miles de personas a las que se les concedió un trato cruel, inhumano y degradante, la militarización del territorio, aumento de la discriminación racial, restricciones del derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos".
El texto analiza también las situaciones estructurales "que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos fundamentales" de los haitianos, así como "las situaciones de violencia que impiden la debida aplicación del Estado de Derecho, las serias crisis institucionales y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales".