MÉXICO DF, 5 Ago. (Notimérica) -
La Procuraduría del Distrito Federal ha informado de que la Fiscalía interroga a un hombre con antecedentes penales cuyas huellas dactilares fueron localizadas en la vivienda del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien fue asesinado el pasado 31 julio junto a cuatro mujeres.
El procurador de la capital, Rodolfo Ríos Garza, ha indicado que el hombre estuvo en prisión 9 años y seis meses, en declaraciones a Grupo Fórmula.
Asimismo, la Procuraduría ha informado en un comunicado de que el sospechoso está declarando ante la Fiscalía y que en las próximas 48 horas se determinará su situación legal.
Por otra parte, el procurador ha confirmado que una de las mujeres encontrada en la vivienda del fotógrafo era colombiana según ha podido confirmar la Embajada de Colombia, pero ha negado que la víctima se llame Nicole, como se ha apuntado en algunos medios.
Además, Ríos Garza ha precisado que Rubén Espinosa sí colaboraba de manera profesional con la revista 'Proceso' y 'Cuartoscuro', datos que habían sido aportados en la averiguación previa.
ASESINATO DE ESPINOSA.
El asesinato del reportero gráfico mexicano, que denunció haber recibido amenazas, llevó este domingo a la Procuraduría de Ciudad de México a abrir una investigación especial y desató manifestaciones en rechazo a la violencia y en defensa de la libertad de expresión.
Rubén Espinosa, de 31 años, fue tiroteado la noche del viernes junto a cuatro mujeres, la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz, una empleada doméstica identificada como Alejandra y otra mujer de nacionalidad colombiana, en una vivienda de un céntrico barrio de clase media de Ciudad de México, en un incidente de violencia poco común para la capital del país.
El fotógrafo dijo en recientes declaraciones que había recibido amenazas y sufrido acoso debido a su trabajo periodístico en el estado oriental de Veracruz, lo cual le llevó a mudarse a Ciudad de México a comienzos de junio.
La Procuraduría de Ciudad de México, que confirmó la muerte, dijo que investiga el caso junto a una Fiscalía especial del Gobierno para delitos contra la libertad de expresión.