El jurista venezolano Brewer-Carías defiende en la UMU la Constitución de su país y la necesidad de aplicarla

Publicado 09/02/2019 20:03:31CET
El jurista venezolano Allan Brewer-Carías.
UNIVERSIDAD DE MURCIA

   MURCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS/Notimérica) -

    La última jornada del 'XIV Congreso de Profesores de Derecho Administrativo' de la Universidad de Murcia ha ofrecido una visión comparada de la justicia administrativa en España y Latinoamérica con la participación del presidente de la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, y del jurista venezolano Allan Brewer-Carías.

   El balance que Díez Picazo hace de los veinte años de aplicación de la Ley es positivo, aunque coincide con las voces que consideran necesaria la generalización de la doble instancia en materias contenciosas por "la eficiencia del sistema". "Estamos dando más recursos humanos y técnicos a los temas menos importantes", ha afirmado.

   Por su parte, Brewer-Carías ha recordado que en Latinoamérica hay una tradición de control al Estado y de jurisdicción administrativa como la hay en España, ya que "el desarrollo del ordenamiento jurídico moderno ha ido paralelo desde principios del siglo XIX".

   Sí que lamenta que los jueces en Latinoamérica no siempre han tenido la capacidad de aplicar la ley por diferentes situaciones políticas como la de Venezuela, "donde el poder judicial no tiene autonomía ni independencia desde hace veinte años".

   Respecto a su país, Carías defiende que "hay que aplicar la constitución que tenemos desde hace veinte años porque se violó desde el primer día; no hay que cambiar nada, sino aplicarla". En este sentido, se muestra optimista afirmando que "ahora estamos muy contentos porque el mundo se ha dado cuenta de lo que decíamos, de que aquello es una dictadura. La situación actual me lleva a decir que hace un mes íbamos muy mal, pero ahora vamos bien. Espero que el proceso siga; tengamos fe y confianza de que en Venezuela, con el apoyo internacional, vamos a superar la situación de opresión".

   Brewer-Carías ha destacado, además, que en la entrada del siglo XXI ha habido una gran influencia de la doctrina española sobre la legislación contenciosa en países como El Salvador, sobre todo de la mano de juristas como Eduardo García de Enterría o Jesús González Pérez. En cualquier caso, él mismo fue un precursor del trabajo conjunto entre profesionales de uno y otro lado hace cuarenta años.

   Por otra parte, en su ponencia sobre 'El reto de la innovación tecnológica en la justicia Contencioso-Administrativa', el profesor de la Universidad de Alicante, Rubén Martínez, ha asegurado que "la innovación tecnológica permitirá aumentar la eficacia y el liderazgo institucional de la justicia", y ha criticado que la mayor parte del presupuesto destinado a modernización tecnológica "se destine a comprar hardware cuando lo que se tiene que hacer es comprar software".

   El objetivo de sus propuestas es, entre otros, "invertir en el desarrollo de potentes sistemas de búsqueda judicial diseñados desde la privacidad para evitar problemas y casos como el ocurrido con La Manada, en el que se pudo acceder a datos personales".

   Entre otras propuestas que se han hecho en este congreso para mejorar la eficacia de la justicia contenciosa, están la de la profesora de la universidad de León, Ana Belén Casarés, que cree necesario "elaborar un listado identificativo" de medidas cautelares para asegurar la eficacia del efecto de la sentencia, porque en muchas ocasiones "es gracias a estas medidas cautelares cuando el juez puede dictar sentencia".

   Por su parte, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha recordado la necesidad de reducir los plazos de resolución judicial en materia medioambiental, donde se tarda cinco años de media; o en tributos, con un tiempo estimado de resolución de veinticinco meses.

   En su XIV congreso, la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) ha querido mirar veinte años atrás para hacer balance de la ley que modernizó la justicia administrativa en España y definir los retos que se pueden plantear para mejorar la garantía jurídica hacia la ciudadanía cuando la administración se extralimita en sus funciones. Más de 250 juristas de toda España se han sumado en esta edición que se ha celebrado con la colaboración de la Universidad de Murcia.

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