SAN SALVADOR, 2 Ago. (Notimérica) -
El personal sanitario de El Salvador que efectúe un aborto debe responder ante la justicia frente a una posible pena de hasta 12 años de cárcel. Quizá este fue el motivo por que los médicos del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador no hicieran nada por frenar el cáncer de una mujer embarazada de dos meses de gemelos, ante la posibilidad de poner en riesgo a los fetos con el tratamiento y ser condenados por su muerte.
La mujer, de "escasos recursos", acudió en primera instancia al Hospital Rosales, el principal centro público de atención general del país, para tratarse un cáncer de paladar. Una vez allí, fue redirigida al Hospital de Maternidad, y su historia fue contada a 'BBC Mundo' por Guillermo Ortiz, el antiguo jefe del servicio de perinatología de ese centro.
"La enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento", reconoció el doctor.
Los médicos del hospital, ante el riesgo de poder afectar la gestación de los gemelos y, por ello, ir a la cárcel por haber practicado un aborto, no hicieron nada por frenar el cáncer. "Fue un caso muy triste. No se le ofreció ninguna opción. Simplemente se dejó que el cáncer avanzara".
El médico lamentó la forma en que llegó la paciente a su centro "Cuando la recibimos en nuestro centro la mujer ya estaba terminal. Cuando llegó a nosotros, con un embarazo gemelar de dos meses, no podía ya comer ni respirar".
"Murió a los dos días con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no permitió a sus médicos darle el tratamiento contra su cáncer", aseguró.
TODO CAMBIÓ EN EL 98
Tiempo atrás, en El Salvador el aborto no se consideraba delito cuando la vida de la mujer estuviera en peligro, en casos de violación o estupro --coito con persona entre 12 y 18 años conseguido con engaño y, por equiparación legal, incesto-- y si el feto tenía graves deformidades incompatibles con la vida.
Sin embargo, el Código Penal de 1998 eliminó las causales por las que los implicados quedaban libres de delito. Así, en la Constitución quedó reconocida la "persona humana" desde la concepción; esto es, desde el mismo momento en el que un espermatozoide entra en un óvulo.
Actualmente, además de los riesgos a los que se enfrenta el practicante, la pena de cárcel de las mujeres que se sometan a un aborto puede llegar hasta los ochos años, aunque también pueden llegar a ser sentenciadas por homicidio agravado y someterse a una condena de hasta 40 años.
Entre 2000 y 2011, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia del país y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos, determinando que hasta 129 mujeres habían sido procesadas por aborto u homicidio agravado. De ellas 49 habían sido condenadas, 13 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados.
"Ante casos de embarazadas con leucemia o linfoma, esta ley hace que los especialistas tengan que dar fármacos no citotóxicos_ capaces de matar al feto como efecto secundario del medicamento_ aun sabiendo que no son los mejores tratamientos contra esos males", dijo.
EL CASO DE BEATRIZ
'Beatriz' (nombre ficticio) sufría un lupus eritematoso --trastorno por el que el sistema inmunitario ataca por error al tejido sano, afectando a la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos-- cuando a los 22 años se quedó embarazada por segunda vez. El bebé que llevaba dentro complicaba aun más la enfermedad.
Además, según le advirtieron los doctores, el feto era anencefálico, por lo que, si decidía llevar a término el embarazo, el bebé nacería sin cerebro y con nulas probabilidades de permanecer con vida.
Por ello, solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema la interrupción de su embarazo, con el apoyo de gran parte de el país y de distintas organizaciones.
"Es importante actuar de urgencia conforme a lo que la ciencia médica ha establecido. Hemos hecho la recomendación de que la interrupción del embarazo de la joven por parte del cuerpo médico es un acto justificado", explicó en su momento la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, Georgina de Villalta.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que la situación de Beatriz era "apremiante y no debe esperar más. Sus posibilidades de supervivencia dependen de la decisión de las autoridades. La demora es nada menos que cruel e inhumana".
Era 2013 cuando dicha institución le contestó que su vida no estaba en riesgo inminente y que solo era una posibilidad futura. "Este tribunal sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa", sentenció.
Su única salida fue la cesárea. Ella sobrevivió; el feto murió a la cinco horas. "'No hubo daño', dijeron algunos, porque ella sobrevivió. Pero el daño a su salud mental es irreparable", comentó Ortiz al respecto.
NADA NUEVO
Pero las vivencias de la mujer sin identificar y de 'Beatriz' no es algo aislado en el país centroamericano. Embarazos ectópicos --los que ocurren fuera de la matriz y son potencialmente mortales para la madre-- o casos de abortos espontáneos y de médicos que se negaron a practicarles un legrado --eliminar tejido del útero mediante raspado con una legra-- se repiten en El Salvador.
En el caso de los ectópicos, es frecuente no intervenir hasta que la trompa de falopio explota. Muchos otros directamente ni se atienden.
Y es que, a pesar de que el secreto profesional protege en un principio a las pacientes, en los centros existe un protocolo por el que, si se sospecha o hay evidencias de que el aborto fue provocado, se debe avisar a la Fiscalía.
LEGISLACIÓN INEFICIENTE
A pesar de la dureza de la normativa salvadoreña respecto a los abortos, lo cierto es que apenas frenan el número de interrupciones de embarazo.
Global Health Council, una red de grupos en defensa de la salud, calcula que entre 1995 y 2000 hubo un total de 246.275 abortos. Mientras, entre enero de 2005 y diciembre de 2008 la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud registró 19.290 abortos, todos ellos clandestinos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 por ciento de las mujeres y niñas que se sometieron a abortos clandestinos en el país murieron.