BOGOTÁ, 21 Jun. (Colprensa/Notimérica) -
Un informe que refleja la violencia sexual cometida presuntamente por las Fuerzas Armadas Colombianas entre los años 2004 y 2012 ha sido entregado a la Corte Penal Internacional por parte de el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Sisma Mujer y el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales.
"Durante 2014 una mujer era violada cada 33 minutos en Colombia. Esa situación se repetía cada cinco días dentro del contexto del conflicto armado. Aún cuando todos los actores armados han cometido violencia sexual, integrantes de las Fuerzas Militares fueron identificados como los agresores en más del 50 por ciento de los casos ocurridos entre los años 2004 y 2012", comienza a relatar el informe.
La violencia sexual y de género es una de las más graves expresiones de discriminación de carácter estructural que vive la mujer en el país, que aún permanece impune, y que se relaciona con el conflicto colombiano de manera directa. La conclusión principal es que, en marco del conflicto, las mujeres son violadas con el objetivo principal de intimidar, para recuperar poder en regiones controladas o influenciadas por la guerrilla.
Dice el informe que se trata de atacar a la población civil que es percibida como colaboradora de la guerrilla, supuestamente encubriéndola. "La violencia sexual ocurre en las operaciones militares con el fin de intimidar a la población civil y mantener el control territorial; en operaciones en las cuales participan los paramilitares; en contextos de detención y criminalización de personas; contra comunidades que, además de la estigmatización, sufren procesos de discriminación, como los pueblos indígenas y afrodescendientes".
El segundo objetivo, señala el reporte, es permitir a los miembros de las Fuerzas Militares ejercer poder en contra de la población civil, lo que puede o no estar conectado directamente con intereses militares, políticos y económicos. "Sin embargo, la violencia sigue estando relacionada con el conflicto armado en cuanto éste último ofrece un entorno coercitivo, que limita drásticamente la autonomía y los derechos de las mujeres, profundiza la invisibilidad y falta de atención en lo que respecta a la violencia contra las mujeres y facilita la comisión de delitos a la vez que garantiza la impunidad, fortaleciendo así el control de los actores armados sobre la población civil".
Lo vital de este punto, según las organizaciones sociales, es que la violencia sexual que ocurra en estos contextos no se reduzca a un agresor que aprovecha una situación para satisfacer su deseo sexual mediante un abuso. Para estas organizaciones, las Fuerzas Militares son la autoridad estatal armada, que tienen una función pública definida y por eso han de establecerse responsabilidades en las cadenas de mando.
La petición del informe al Tribunal de la Haya considera que se trata de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, por lo cual debe ser catalogado como un crimen de lesa humanidad, en virtud del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI).
"Esta característica de la violencia debe ser reconocida como un ataque contra la población civil y, por lo mismo, constituye un crimen de lesa humanidad y no es sólo el nexo necesario con el conflicto armado para establecer crímenes de guerra. Todos los casos presentados de violencia sexual no constituyen actos aislados, sino que son "parte de" una campaña militar más amplia, cuyo blanco son los civiles de ciertas regiones del país. Además la FCPI (Fiscalía de la Corte Penal Internacional) ha afirmado que basta un solo acto de violencia sexual, cometido en el marco de una campaña de violaciones más amplia, para determinar que este acto pueda ser considerado como crimen de lesa humanidad", dice el informe.
INACCIÓN Y RESPONSABILIDADES DE COMANDANTES
El documento se elaboró teniendo en cuenta el Auto 092 que la Corte Constitucional profirió en el 2008, en el que se remitieron 183 casos sobre violencia sexual a la Fiscalía para que iniciara las respectivas investigaciones, sin que se haya documentado éxito en las mismas, porque la Corte en 2015 profirió un nuevo acto señalando que el riesgo de género existe todavía. Además, según ha indicado Sisma Mujer, solo tres casos han terminado en condena.
En el informe presentado a la CPI se seleccionaron y analizaron 36 casos de reportes públicos de casos de violencia sexual cometidos, al parecer por las Fuerzas Militares, entre el 1 de noviembre de 2002 y el año 2011, de los cuales detalló seis que no han tenido condenas para los autores materiales y en los cuales "no hay información sobre posibles procedimientos seguidos contra los oficiales de más alto rango o de los comandantes, es decir, los superiores de los autores materiales".
Sobre el tema de la responsabilidad de los comandantes, el informe resalta la previsibilidad que se cometan delitos sexuales, así como la supuesta incapacidad de los oficiales al mando para tomar medidas razonables y necesarias para evitarlos. Sobre esto, el reporte dice que el elemento de la previsibilidad puede ser probado en términos como "debería haber sabido" en donde baste denotar la negligencia para saber qué conductas estaban cometiendo sus subordinados, si tenía "información alarmante al respecto".
CIFRAS EN COLOMBIA
En Colombia, 10.042 personas están registradas como víctimas por delitos contra la libertad y la integridad sexual. De estas, 8.996 son mujeres (un 90 por ciento), de las cuales, 966 son mujeres negras o afrocolombianas, 150 indígenas y 34 gitanas.
El delito de abuso sexual ha afectado principalmente a las mujeres de Antioquia (1.836), Nariño (726), Magdalena (677), Bolívar (565) y Putumayo (527), según las cifras de la Unidad para las Víctimas a fecha de 1 de mayo de 2015.
Por último, según el Instituto Nacional de Salud, en lo que va de año ya hay 5.243 casos de violencia sexual en general en todo el país, lo que significa un promedio de 38 casos al día.