CIUDAD DE MÉXICO, 31 Ago. (Notimérica) -
En los últimos diez años un total de 4.246 personas fueron denunciadas por interrupción del embarazo en México, la mayoría de las veces por parte de trabajadores de los servicios de salud, según publicó este jueves la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en un informe.
"Nunca había visto el vínculo tan claro como se ve en este estudio entre la inclusión de un delito en el código penal y el comportamiento de los profesionales de salud", reconoció la profesora de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, durante la presentación del informe.
Asimismo, hizo referencia al peligro que corren aquellas mujeres que llegan a un centro de salud con alguna emergencia obstétrica, es decir, de origen tanto materno como fetal. "Los prestadores de salud no conocen la normativa (...) quieren castigarlas", añadió la directora de GIRE, Regina Tamés.
El informe destaca además que la criminalización del aborto afecta principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad y señala que desde enero de 2015 hasta abril de 2018 se abrieron 1.666 investigaciones por este motivo, de las cuales 228 concluyeron en sentencias condenatorias en las que 53 personas (19 mujeres) terminaron ingresando en prisión.