BOGOTÁ, 18 Ene. (Colprensa/Notimérica) -
Colombia aún recuerda lo ocurrido en Sinacota, en el norte del departamento de Santander, un 18 de enero de hace 28 años. Ese día, doce funcionarios judiciales fueron asesinados por militares en la que se conoce como la Masacre de la Rochela.
Las víctimas formaban parte de una comisión que investigaba los asesinatos y desapariciones que habían sucedido en la región, como la desaparición de 19 comerciantes ocurrida en octubre de 1987.
"La impunidad sigue siendo sustancial frente a los autores intelectuales y frente a gran parte de los autores materiales", denunció la portavoz del Colectivo José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón, con motivo del 28º aniversario.
Esta impunidad se refleja en los datos. Solamente cumplió condena por estos hechos el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, conocido como 'Vladimir'. Otros dos integrantes de la Fuerza Pública también fueron condenados, "pero se encuentran prófugos de la justicia desde hace más de 20 años", aseguró Ortegón.
Ortegón explicó que hace siete años fueron vinculados tres generales de la República, entre los que se encontraba Farouk Yanine Díaz, quien falleció antes de que se resolviera su situación jurídica.
"Después de 28 años no existe para las víctimas verdad ni justicia frente a lo ocurrido sobre sus seres queridos ni sobre quién ordenó", denunció.
Según las víctimas, el proceso de Justicia y Paz tampoco ha permitido arrojar luz sobre este asunto ya que dos de los involucrados en la masacre, Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez'; y Ramón Isaza, solo reconocieron su responsabilidad por línea de mando.
"No aportaron absolutamente nada en materia de verdad sobre la comisión de la masacre y hoy se encuentran en libertad; no por haber aportado a la justicia, sino por el cumplimiento de los ocho años, que es el máximo de sanción que establece la ley", agregó la abogada.
LA MASACRE
Colombia fue condenada por este caso en 2007 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se ordenaron, en materia de reparación integral, medidas como becas estudiantiles, oportunidades laborales y atención en salud para las familias de las víctimas, unas medidas que, a día de hoy, tampoco se han cumplido.
La masacre, perpetrada por un grupo paramilitar, terminó con la vida de 12 de los 15 funcionarios que investigaban los delitos de la zona. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y miembros del Ejército en el marco de una época convulsa para Colombia. Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado.