LA PAZ, 30 Jun. (Notimérica) -
La primera jornada de las protestas sindicales en Bolivia ha dejado al menos nueve heridos --incluidos cuatro policías-- y 29 detenidos, en el paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), en contra de los despidos tras el cierre de la firma estatal Enatex.
En el primer día de unos paros que se prolongarán durante 72 horas, los obreros han denunciado "la brutalidad" con la que habría actuado la policía y han reclamado la restitución de los 850 puestos laborales que se han perdido tras el cierre de la compañía.
Las manifestaciones se iniciaron durante este jueves con bloques callejeros y marchas en varias ciudades y fueron seguidas por una serie de bloqueos y enfrentamientos, como el producido en la ciudad de Cochabamba (en el centro del país), donde se produjo una disputa entre policías y obreros.
Según han destacado varios medios locales, los manifestantes se encontraban intentando cerrar el paso de una ruta que conecta esta región con el occidente del país. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar al grupo y los obreros utilizaron piedras y palos contra la policía.
Cinco obreros habrían resultado heridos --dos de ellos de gravedad--, según ha destacado el líder sindical Ángel Camacho, en declaraciones recogidas por el diario local 'Los Tiempos', que ha añadido que "la policía actuó con brutalidad".
El comandante de policía Luis Aguilar, ha señalado, por su parte, que cuatro agentes resultaron heridos y que se produjeron 29 detenciones, entre ellas, la de una mujer.
La circulación también se ha visto dificultada en La Paz, donde varios obreros bloquearon algunas partes de la autopista que conecta la ciudad con El Alto. Además, también se produjeron bloqueos en algunas localidades menores.
Durante la última semana, la COB realizó varios movilizaciones, aunque con escasa participación. En este caso, la organización reclama al presidente del país, Evo Morales, que ponga fin al despido de 850 obreros tras el cierre de Enatex.
La COB da, de este modo, la espalda al Ejecutivo, al que apoyó desde su llegada al poder en el año 2006, tal y como anunció durante la semana pasada, al considerar sus decisiones como "neoliberales".
Por su parte, las autoridades han negado la anulación del decreto, ya que han señalado que la situación económica de la empresa era "insostenible".