MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a México que investigue, de manera exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva, sobre la desaparición forzada en 2010 de un hombre en Veracruz en la que están implicadas autoridades estatales con presuntas relaciones al crimen organizado.
Los familiares de la víctima pidieron una investigación, pero las autoridades mexicanas "hicieron muy poco en términos de investigación", por lo que acudieron al Comité de Derechos Humanos, que tiene la obligación de examinar todas las denuncias que reciban de los países que hayan ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo, entre los que está México.
LOS HECHOS
La víctima iba en su coche por Poza Rica, Veracruz, cuando dos patrullas le detuvieron y a punta de pistola le obligaron a subir a uno de los vehículos, según su compañera quien presenció los hechos. Al no poder localizarle en ninguna comisaría, la familia acudió a las autoridades y su pareja consiguió identificar a tres de los agentes que habían detenido al hombre.
Pero, a pesar de la identificación, los superiores de los agentes desestimaron su posible relación con la desaparición forzada. Posteriormente dichos supervisores fueron detenidos por pertenecer presuntamente o tener relación con la banda de 'Los Zetas'.
EL DICTAMEN
El Comité de Derechos Humanos ha señalado que la investigación del caso no puede sostenerse sobre la confesión de los responsables o autoridades involucradas y ha añadido que los centros de detención clandestinos son en sí una vulneración del derecho a la libertad personal.
Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a recursos judiciales efectivos, derechos que, según han señalado los expertos, se han vulnerado en este caso. Las autoridades mexicanas no supieron poner en marcha a tiempo las investigaciones, que no fueron ni independientes ni imparciales, lo que ocasionó la pérdida de pruebas importantes.
El Comité ha pedido a México que conteste en el plazo de 180 días con una serie de medidas que sirvan para implementar el mandato de investigar el caso a fondo. "Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte", ha dicho Hélne Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.